Entre el año de 1958 hasta el 22 de marzo del 2022, en Colombia se han registrado 9.250.453 víctimas del conflicto armado, 365.690 han sido por ocurrencias en el Departamento Norte de Santander.
Las cifras fueron ofrecidas por Cristian Andrés Llanos Cardona, secretario de Víctimas, Paz y Posconflicto departamental, en el marco del Conversatorio de Memoria Histórica que organizó la Unidad para las Víctimas en Cúcuta, como antesala a la conmemoración el próximo 9 de abril, del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado.
De acuerdo a este balance que obedece a un cruce de información de las instituciones vinculadas al área, 86,24% de las víctimas en el departamento han sido por desplazamiento forzado, 12,88% por homicidios; 5,92% por confinamiento, 3,72% por amenaza, 1,32% por acto terrorista.
Otras causas de los hechos victimizantes fueron, delitos contra la libertad y la integridad sexual en desarrollo del conflicto armado, minas antipersonales, munición o artefacto explosivo, secuestro, tortura, abandono o despojo forzado de tierras, pérdida de bienes muebles o inmuebles, lesiones personales físicas, lesiones personales psicológicas y vinculación de niños, y adolescentes a actividades relacionadas con grupos armados.
Pugna por los recursos
Elisa Montoya, secretaria de Posconflicto y Cultura de Paz en Cúcuta, hizo algunas reflexiones con respecto a los alcances de la Ley de Víctimas 1448 que en 2021 tuvo una prórroga de vigencia por 10 años más. “Les ha dado la oportunidad a muchas familias de tener una respuesta diferente por parte del Estado. Nosotros como Alcaldía tenemos una responsabilidad o un rol muy fuerte que es el de la atención primaria, de la primera estabilización de las familias cuando llegan y de brindarles los componentes de alimentación, de alojamiento transitorio, transporte de mergencia y que si bien es una primera respuesta, siempre será insuficiente a sus necesidades”, comentó.
Explicó que aunque han dado cumplimiento a su misionalidad de la Ley de Víctimas y a través de otros programas diferentes, para proteger a los territorios y que no hayan víctimas en esas zonas, existen serias limitaciones presupuestales. “Todas las poblaciones vulnerables en un municipio como Cúcuta que no tiene una robustez financiera, hace que las diferentes poblaciones vulnerables compitan por los recursos propios del municipio que es una bolsa muy pequeña”, señaló.
A su juicio, esta es una ley muy importante pero que “no tiene la financiación adecuada”, debido a un tema de centralismo que marcha a la par de la creación de recursos jurídicos nuevos que verdaderamente “no le están cambiando la vida a las personas”.
Johanna Gelvez, directora de la Unidad de Víctimas en Norte de Santander y Arauca, considera que la Ley 1448 les ha permitido avanzar en los procesos de mejora en indemnización administrativa y se han cerrado sujetos de reparación colectiva en el departamento.
Diana Vargas, coordinadora de la Mesa Municipal de Víctimas de Cúcuta, aplaude que Colombia sea el único país con una ley que protege los derechos de las víctimas dentro de un conflicto armado, pero reconoce que en ella hay vacíos y hay una tardía indemnización.
Coincide con Elisa Montoya en que Cúcuta, tiene una debilidad presupuestaria para asumir la responsabilidad de Ayuda Humanitaria Inmediata, ante la creciente llegada de familias que son desplazadas por la violencia del conflicto armado. “Es una capital y por ende es acá donde van a llegar las víctimas. Para la institucionalidad, como primer eje encargado en responder esa emergencia, el tema es complejo y es vacío”, dijo.
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