Como una final de ida y vuelta y con necesidad de tiempo extra. Así se han tornado las “negociaciones” entre el Gobierno y los entes que regulan el fútbol profesional en Colombia, en busca de una autorización para reanudar competencias.

En principio (20 abril), la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) y la Federación Colombiana de Fútbol (Colfútbol) presentaron un protocolo de 71 páginas que, según el presidente de la primera, Jorge Enrique Vélez, era bastante completo gracias a que fue elaborado por conocedores en el tema de salubridad, básicamente, que es el punto vital en esta época de pandemia por el coronavirus.

Después (11 de mayo), el ministro del Deporte, Ernesto Lucena, les envió una misiva en la cual les pide ahondar en 10 puntos que no quedaban claros, referidos a la aplicación de las medidas de bioseguridad para evitar contagios de la COVID-19, lo económico y otras responsabilidades. Dudas “fáciles de resolver”, apuntó en su momento Vélez.

La Dimayor respondió y quedó a la espera de una definitiva para informarles a los 36 clubes afiliados que reúnen a cerca de 1.080 futbolistas, quienes, a su vez, aguardan noticias con ansiedad. El tiempo que tarde es incierto, pues hay detalles que merecen análisis de fondo.

La idea es que la actividad se reactive entre agosto y septiembre de este año, porque como dijo el pasado 5 de mayo el presidente de Nacional, Juan David Pérez, con este receso los ingresos no soportan los gastos de los equipos. “Se vienen días muy duros, de incertidumbre”, como acontece hoy con elencos como Jaguares y Bucaramanga que han suspendido contratos a algunos jugadores.

El presidente de Colfútbol, Ramón Jesurún, expresó que decidieron que el único vocero sobre el particular sea Jorge Enrique Vélez, quien le manifestó a este diario que llegó a un acuerdo con Mindeporte y no va dar declaraciones al respecto. “La última palabra la tiene el Gobierno”, puntualizó.

Sí, Pero no

El último documento, que se conoció y que también deberá pasar por las manos del Ministerio de Salud para su aprobación final, plantea varios interrogantes, entre ellos uno que se antoja vital: ¿de dónde saldrán los recursos económicos para ejecutar el proyecto?

El médico Gustavo Pineda, encargado de la parte de salubridad del protocolo, explicó que “se requieren 100.000 pruebas” para detectar si hay casos de coronavirus previo y durante las 12 fechas que restan del campeonato.

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Y de acuerdo con el infectólogo Miguel Pinzón, de la Clínica Medellín, el valor de cada una puede oscilar entre los 350.000 y 950.000 pesos, una cifra importante.

Vélez había manifestado que todo lo pagaría el fútbol, como lo corroboró, en parte, en la última carta: “Estos (los recursos) están garantizados por la administración de la Dimayor; y además se está trabajando con el departamento de Mercadeo la posibilidad de vincular a empresas que han manifestado interés de sumarse como proveedores”.

Sin embargo, cuando le preguntan: ¿cuál es el apoyo que se requiere por parte del Ministerio del Deporte en el proceso?, plantea varias ayudas.

La primera, que el Gobierno establezca una normatividad para que las ARL (Administradora de Riesgos Laborales) cubran el valor de las pruebas rápidas para los jugadores. También solicitan apoyo médico de los ministerios de Salud y Deporte para supervisar el cumplimiento del protocolo.

Y, finalmente, piden que no les cobren el alquiler de los estadios donde se juega el fútbol profesional en el país, lo que implicaría que la iluminación y demás aspectos que conlleva abrir un escenario, sean cubiertos por los entes públicos que los administran.

Para Óscar Ignacio Martán, dirigente del club Cortuluá, el financiamiento se podría dar “utilizando el presupuesto de la Dimayor, de unos 15 mil millones de pesos, destinado para la implementación del VAR (Asistencia al Árbitro por Video). Tocaría postergar la adecuación de este último hasta 2021 o 2022 y con esos recursos actuar”.

Más allá de lo estrictamente económico, hay otras dudas, pues en el país la mayoría de estadios, contando también la Primera B (torneo de ascenso) no cuentan con algunos requisitos, y tendrían que ser adecuados, lo que implica otra inversión. La solución, como planteó el Gobierno, sería reanudar el torneo en 4 o 5 ciudades que ofrezcan todas las garantías.

La responsabilidad de la logísticos para garantizar losprotocolos, la Dimayor se la delegaría a los clubes, que les sumarían funciones a sus oficiales de seguridad.

El sindicato de futbolistas, que reunió a 57 de sus afiliados con el ministro de Trabajo, considera que en el accionar de la Dimayor y la Federación ha habido “confusiones y contradicciones”. Y por intermedio de su vocero, Carlos González, las critica porque desde antes de la pandemia, ambas entidades se declararon autónomas y fueron poco solidarias, y ahora acuden a la ayuda del Estado.

La puntada final para dirimir este “duelo” la dará el Gobierno, que también ha llamado la atención sobre los contratos y seguridad social de los jugadores, que para el ministro Lucena debería ser la prioridad hoy día.