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Así sería el paso obligado de los trabajadores a Colpensiones

El presidente Gustavo Petro tiene entre sus prioridades de Gobierno una reforma pensional.

“Transitaremos hacia un sistema de pensiones unificado, mayoritariamente público, complementario no competitivo, que garantice el derecho fuera del negocio, dejando atrás la incertidumbre y la desprotección de quienes habiendo aportado a la sociedad no reciben pensión”.


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Esta fue una de las consignas de campaña del hoy presidente Gustavo Petro, quien en las pasadas horas dio nuevas puntadas sobre las pretensiones que en materia pensional quiere introducir.

Petro esbozó algunas ideas para lo que será su reforma en esta materia. Aseguró que actualmente hay alrededor de un billón de pesos destinados para el programa Adulto Mayor, que se distribuyen en bonos de $70.000 y $80.000, con los cuales “no se le quita el hambre a nadie”.

Este dinero, consideró, se le debe pasar a Colpensiones y con la aprobación de la reforma pensional el año entrante se irradiarían otros montos para fortalecer la iniciativa Adulto Mayor. Así, los bonos pasarían a $500.000 cada mes y 3 millones de personas no pensionadas podrían superar la línea de pobreza.


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El costo mensual del proyecto sería de $1,5 billones, es decir, $18 billones al año. ¿De dónde saldrían? La fórmula enunciada por Petro estará contenida en el proyecto de reforma pensional que se llevará al Congreso, el cual contempla que parte de las cotizaciones que hoy perciben los fondos de pensiones privados (Porvenir, Protección, Skandia y Colfondos) vayan a Colpensiones, lo que daría origen al sistema de pilares que se pregonó en la campaña electoral.

 

La estrategia que se ventiló en campaña

La idea es unificar el Sistema General de Pensiones para proteger el derecho, lograr equilibrio presupuestal y liberar al menos $14 billones del presupuesto que actualmente son girados a Colpensiones.

El modelo se organizaría mediante pilares de tipo no contributivo, contributivo y complementario, combinando el actual régimen de prima media (administrado por Colpensiones) y el de capitalización (que manejan los fondos privados) a través de tres modalidades.


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La primera, un pilar solidario básico, que garantizaría un bono pensional no contributivo equivalente a medio salario mínimo ($500.000) para los adultos mayores que hoy día no tienen derecho a la pensión.

El segundo pilar, el contributivo, se constituiría haciendo que toda persona trabajadora, incluyendo las de mayores ingresos, coticen de manera obligatoria a Colpensiones una suma calculada sobre la base de uno a cuatro salarios mínimos, o sea entre un millón de pesos y $4 millones, lo que asegurará una pensión básica bajo el régimen de prima media.

En ese escenario, los 18,34 millones de afiliados a los fondos privados deberían realizar aportes a Colpensiones.

¿Y qué pasaría si los cotizantes quienes están hoy en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (Rais, administrado por fondos privados) cotizaran a Colpensiones? Para ciertos analistas la respuesta es fácil: “no habría más déficit” y se liberarían alrededor de $14 billones, recursos que podrían destinarse a otras cosas.


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Además, la reforma establecería que las personas cuyos ingresos sean superiores a cuatro salarios mínimos decidan libremente dónde cotizar el excedente; en este pilar contributivo participarán los fondos privados.

Entre tanto, el tercer pilar, de ahorro voluntario complementario, establecería que todos quienes quieran agrandar su pensión puedan ahorrar en un fondo voluntario.

Estas iniciativas están alineadas con las consignadas en el estudio del Banco Mundial “Evitar la crisis de la vejez” de 1994, según el cual la seguridad financiera de los ancianos estaría mejor atendida si los gobiernos desarrollaran tres sistemas o “pilares” de seguridad para la vejez.

El primero, un sistema de gestión pública con participación obligatoria y el objetivo limitado de reducir la pobreza entre los ancianos; en segundo término un sistema de ahorro obligatorio de gestión privada; y por último el ahorro voluntario.


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Sería aplazar un problema aún mayor

Algunos expertos del sector creen que este ajuste sería una bomba de tiempo, porque a pesar de que generaría cierto nivel de caja en el corto plazo, a la vuelta de unos años pondría en aprietos al país y a los jóvenes que recién empezaron a hacer sus aportes.

“La propuesta pensional de Petro implica empeñar el futuro fiscal del país y por tanto de la próxima generación de colombianos. Generaría una caja en el corto plazo para el Gobierno, que sería insuficiente para cubrir la transferencia propuesta a los no pensionados, y un déficit fiscal y del sistema pensional creciente en el tiempo e insostenible”, consideró José Ignacio López, director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana.

Según él, la reforma le agregaría $407 billones al ya de por sí alto déficit de Colombia, durante los próximos 50 años. Una cifra que equivale al 30% del PIB hoy en día. “Repensemos el sistema de protección a la vejez, pero sin comprometer el futuro del país”, añadió.


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Es que aunque es necesario ampliar la cobertura y montos para la población excluida del Sistema General de Pensiones, los $18 billones anuales que implicaría el programa de Petro son plata que “hoy el Estado no tiene de dónde financiar”, analizó Andrés Felipe Izquierdo, gerente de Integral Soluciones Pensionales, ISP.

“Tendría que presentar la propuesta en el marco de la reforma tributaria para encontrar esa financiación vía impuestos o implementar un sistema de pilares que redireccione el flujo de aportes de cotización que hoy se pagan en el sistema para liberar los recursos que la Nación gira año tras año a Colpensiones”, adhiere Izquierdo.

En lo que definitivamente coinciden varios analistas dentro es que antes que un ajuste pensional se necesita sacar adelante la reforma laboral. “Hay que pensar en que necesitamos que haya más gente trabajando formalmente. Hoy la tasa de informalidad llega al 58%, entonces toda reforma pensional debe pasar primero por una laboral”, manifestó Christian M. Chaura, gerente y fundador de Pensión ABC, firma especializada en asesoría pensional.

A su juicio, aunque Petro dice que esto no constituye una apropiación de los recursos de las AFP, de cierta forma lo será porque obligaría a cotizantes a que una parte de sus aportes vaya a Colpensiones. En una línea muy similar al experto de Corficolombiana, Chaura cree que en unos 30 o 40 años esto se convertirá en un pasivo, una vez las 18,4 millones de personas que se verían impactadas lleguen paulatinamente a la edad de jubilación y le pongan presión al Régimen de Prima Media.


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El mercado está atento a qué se viene

Eso, sin contar que las consecuencias en el corto plazo se verían en que los fondos privados tendrían un fuerte deterioro en los recursos que administran y eso se transmitiría al mercado de capitales, donde hay $62,8 billones de ahorros pensionales que están invertidos en acciones de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC). Además, las AFP poseen el 26% de los títulos de deuda pública en el país, lo que para algunos haría inviable la reforma.

A la polémica le salió el paso Santiago Montenegro, presidente de Asofondos (asociación que agrupa a Colfondos, Porvenir, Proteccion, y Skandia), quien dijo se deben fortalecer los mecanismos de protección a la vejez para los tres millones de adultos que quiere cobijar Petro, “pero sin afectar el ahorro de la gente”.

De puertas para adentro los representantes de las AFP no ocultan su preocupación y piensan que debe haber una discusión técnica, pensando en eliminar la competencia que hoy existe entre cada régimen.

Para Izquierdo y Chaura, lo que verdaderamente debe pensarse para una reforma pensional es cómo se ampliará la cobertura, la viabilidad financiera del sistema, revisar los regímenes especiales y orientar los subsidios a la población con menores condiciones económicas.


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“Se requiere crear el pilar cero o no contributivo dirigido a las personas que no lograron la pensión (en línea con lo que propuso el presidente), pero la fuente de financiación no puede ser el ahorro actual”, indicó el líder de ISP.

La lupa también estará puesta en cómo podrá mover el Gobierno sus fichas en el Congreso para sacar adelante un proyecto tan ambicioso, con el que secundaría una de las reformas tributarias más grandes en la historia del país.

La tarea no será sencilla pues requiere de acuerdos con centrales obreras, gremios y, según Chaura, podría tomar hasta tres años en ser estructurada. Para él, “la probabilidad de que este gobierno implemente esa reforma es muy poca”. Eso sí, de pasar, una de las incógnitas sería de qué forma se pensionarán quienes queden cobijados y el monto que recibirían.

Desde la óptica de Carlos Adolfo Prieto, profesor del departamento de Derecho Laboral de la Universidad Javeriana, ante el ruido que algunos sectores han hecho en redes sociales, respecto del uso inmediato de los saldos de las cuentas de ahorro individual para financiar la transferencia no condicionada, es importante señalar y resaltar que, conforme con el actual régimen legal del sistema de pensiones, no hay posibilidad de hacer tal apropiación.


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“El establecimiento del pago anunciado requiere una reforma legal, al sistema de seguridad social en pensiones y, en cualquier caso, no puede afectar los derechos adquiridos de los actuales afiliados y pensionados. En el evento en el que tal reforma se convirtiera en Ley, debe contemplar un régimen de transición que respete las actuales reglas”, anotó el docente.

También llama la atención Prieto por el hecho de que el anuncio presidencial no explica ni el modo, ni la financiación del pago, que correspondería a la renta básica, por la vía de la transferencia económica no condicionada, que hace parte de algunos modelos previsionales de pilares, o de pisos de protección social.

“Lo dicho por el presidente es consecuente con su discurso de campaña, e incluso coincide con lo que otros candidatos propusieron respecto del mismo asunto. Esto no pasa de ser el relanzamiento de lo que Petro propuso como candidato, propuesta que, de hecho, no es novedosa en el entorno de la Seguridad Social, desde la promulgación de la Recomendación 212 de la OIT, por allá en el año 2012”, comentó.

Las cifras de la Superintendencia Financiera, con corte a mayo, muestran que los recursos administrados por los fondos de pensiones privados suman $344,27 billones, que corresponden a los ahorros de 18,34 millones de trabajadores.

A su vez los fondos de reservas de pensiones del Régimen de Prima Media como Colpensiones, la Caja de Auxilios y de Prestaciones de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Caxdac), Pensiones de Antioquia y el Fondo de Previsión Social del Congreso (Fonprecon) administran uno $11,5 billones, de aportes de 6,7 millones de afiliados.

Fuente: El Colombiano

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Jueves, 15 de Septiembre de 2022

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