Transformar 27 escuelas en colegios rurales en 14 municipios de Norte de Santander es un paso en la dirección correcta para garantizarles el derecho constitucional a la educación a los niños y jóvenes del campo, para quienes en ese caso en específico era indispensable irse a otra parte a terminar el bachillerato.

Luego de conquistar este reto con el apoyo del Ministerio de Educación, hay que avanzar hacia otras metas para fortalecer y diversificar ese ciclo educativo completo que acaba de estrenarse en las veredas y corregimientos de Ábrego, Cáchira, Chitagá, Convención, El Zulia, Hacarí, Labateca, Pamplona, Pamplonita, San Calixto, Sardinata, Silos, Tibú y Toledo.

Uno de esos asuntos es la calidad en donde hay que iniciar la misión –con el respaldo de las universidades- para que estas instituciones rurales entren con pie firme en las pruebas de Estado y así se le podrá poner otro cerrojo a la deserción, puesto que dicho factor jugará a favor de estos planteles, que ahora cuentan con los grados 10 y 11.

El otro proyecto esencial, es abrir las alternativas para el bachillerato rural, en donde el Sena y el ISER, por ejemplo, tendrían la palabra en conjunto con la Secretaría de Educación Departamental y obviamente con las autoridades educativas nacionales, para conformar esta oferta educativa especial para los niños y niñas del campo.

Detallando los municipios favorecidos con esta reorientación del proceso educativo para los niños del sector rural, como lo llamó el gobernador Silvano Serrano, se observa que unos tienen radio de influencia directo con la Universidad de Pamplona y con ISER, razón por la cual también sería conveniente hacer un solo paquete y plantearles carreras universitarias y técnicas acordes, aparte de las tradicionales.

Y en el otro grupo de localidades también cubiertas por ese proceso, se nota que hacen parte del Catatumbo. Al ser eso así,  ya se tendría un potencial de estudiantes para que se desarrolle el proyecto de la universidad con el mismo nombre.

En el hipotético caso que esto se materializara como una política de Estado y no como un plan momentáneo, una cascada de hechos favorables ocurriría como reflejo del mismo. Por ejemplo, sería la cuota inicial para comenzar a disminuir ese éxodo de jóvenes del campo a la ciudad en búsqueda de mejores oportunidades.

Ahí será indispensable que la política de fomento agropecuario cubra a estos bachilleres rurales que luego serán los nuevos técnicos y profesionales que saldrán de las aulas con ánimo de invertir y producir en el agro no solo cultivando sino también transformando mediante la agroindustria y entrando ellos mismos a manejar también la comercialización.

Volviendo a los recién transformados colegios rurales, en el corto y mediano plazo deberán proyectarse las necesarias inversiones para adecuar las plantas físicas que también deberán ser dotadas con todo lo indispensable y, lo más importante, asignar los profesores necesarios, asunto que supone una evaluación de la planta docente.

Cuando se habla de que con esta medida se empieza a saldar una deuda educativa y a cerrarse una brecha social, es porque al tener que cambiar no solo de colegio sino de municipio, a muchos adolescentes se les acababa ahí la posibilidad de recibirse como bachilleres porque sus familias no tenían el dinero para costear su traslado y sostenimiento.

El otro escenario que empieza a construirse a partir de hacer más sólido el cubrimiento de la enseñanza media, es que al cubrir aquellos territorios altamente complejos por la violencia, la educación se levantará como una barrera para proteger a los niños frente a las maniobras de los grupos armados para tratar de reclutarlos.