Los recientes acontecimientos han arrojado luz sobre la oscuridad que prevalece entre ciertos servidores públicos, quienes en lugar de honrar sus cargos, han optado por deshonrarlos con sus acciones deplorables y reprobables.

El comportamiento exhibido por el presidente de la Asamblea de Santander, Jesús Alfredo Ariza, es una afrenta a la dignidad humana y una vergüenza para la institución que representa. Sus palabras cargadas de violencia y desprecio hacia su presunta pareja, así como sus confesiones de consumo de sustancias ilegales, son repugnantes y merecen el más enérgico rechazo por parte de la sociedad.

Es inaceptable que un individuo investido de autoridad pública se comporte de manera tan despreciable, utilizando su posición para perpetrar actos de violencia y abuso. No hay excusa ni justificación posible para tal comportamiento. La violencia de género debe ser erradicada en todas sus manifestaciones, y aquellos que la perpetúan deben enfrentar las consecuencias más severas de la ley.

Asimismo, el vergonzoso episodio protagonizado por el concejal Carlos Dueñas durante la celebración del cumpleaños del secretario de Educación de Cúcuta es otro ejemplo de la falta de ética y moral que aqueja a ciertos representantes públicos. La liviandad con la que se refirió a la corrupción, con su desafortunada frase “y que siga robando”, revela una actitud complaciente hacia la delincuencia y una absoluta falta de respeto hacia los ciudadanos que confiaron en él para representar sus intereses.

Es hora de que la sociedad exija responsabilidad y transparencia a aquellos que han sido investidos con la confianza de servir al público. Los servidores públicos deben ser ejemplos de integridad y probidad, no de impunidad y deshonestidad. Es necesario un cambio de paradigma que ponga fin a la cultura de la corrupción y la impunidad que ha permeado nuestras instituciones.

Instamos a las autoridades competentes a tomar medidas inmediatas para investigar y sancionar a los responsables de estos actos reprensibles. 
La justicia debe prevalecer, y aquellos que abusan de su poder y cometen actos de violencia deben ser llevados ante los jueces y enfrentar las consecuencias de sus acciones.

Es hora de que Procuraduría y control interno disciplinario en los diferentes despachos y entidades nacionales, departamentales y municipales para aplicarles sanciones ejemplares a los funcionarios, de cualquier rango, que incurran en conductas como las descritas, porque ellos deben ser un ejemplo para la sociedad.

El hecho de ostentar una credencial o el de ocupar cargos en las altas esferas del Estado, no los exime, ni mucho menos, de tener un comportamiento adecuado, respetuoso y alejado de la violencia en sus relaciones interpersonales con los miembros de su familia o del entorno social.

A ellos no se les puede permitir aquello de ‘usted no sabe quién soy yo’, para intentar contravenir normas ni cuentan con patente especial para violar la ley y los códigos de conducta, puesto que  como servidores públicos, bien sea con credencial o por nombramiento, lo obvio es que respeten la Constitución y la Ley, tanto en el trabajo, como en el hogar, en la calle y en los demás espacios en que se muevan. 

En este momento crucial, la sociedad debe levantar su voz en unísono para condenar estos actos deplorables y exigir un cambio real y tangible en la conducta de nuestros representantes públicos. Ya basta de tolerar la impunidad y la injusticia. Es hora de exigir rendición de cuentas y de construir un futuro en el que la honestidad y la decencia sean los pilares de nuestra democracia.

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