Por ley no se reducen las tarifas de la energía eléctrica, del acueducto o el alcantarillado y el mínimo vital sin respaldo financiero puede terminar siendo catastrófico, coinvirtiéndose todo esto, entonces, en un costoso y riesgoso populismo sobre los servicios públicos en Colombia.

El borrador del proyecto para reformar la Ley 142 de 1994, que cumple 30 años de vigencia, ha activado las alarmas por los perjuicios que ocasionaría, entre ellos el de la inseguridad jurídica que desincentivaría la inversión, llevando al país a los tormentosos tiempos del apagón o de la pésima cobertura y calidad en materia de agua potable y saneamiento básico.

Antes de cubrir al presidente ‘superpoderes’ de regulador directo que  pueden conducir a decisiones más políticas que técnicas, con los riesgos que eso envuelve, hay que sentarse a hablar sobre los subsidios, los ‘colados’ y el déficit que se ha calculado en cuatro billones de pesos.

Ahí, habría una alternativa económica y especializada para darle un mejor manejo a esta herramienta para favorecer a los rangos poblacionales con menores ingresos económicos. Esa depuración sí hay que hacerla porque es una arbitrariedad de exclusión social, estar favoreciendo a usuarios que no merecen tener esta clase de apoyo para el pago de las tarifas.

Evaluar el planteamiento de sacar a  quienes no deben tener el subsidio y entregar este beneficio  por ingreso familiar y darle el servicio de manera gratuita a quien no pueda pagarlo, mientras consigue la forma de hacerlo, tiene mayor sensatez.

Haciendo eso, en la mesa entraría entonces a tratarse el asunto del mínimo vital para agua, energía y gas, planteado en la reforma, puesto que este beneficio social, para aplicarse, hay que hacerlo con una estructuración económica sólida y confiable para evitar descalabros que terminarán afectando la prestación del servicio a toda la población.

Es un asunto para tratar con cabeza fría para calcular realmente si fiscalmente hay niveles que permitan atender un requerimiento de esta naturaleza, al igual que acordar   cómo se distribuirían las cargas, para de esta forma prevenir las amenazas de la insostenibilidad y de la insuficiencia financiera de las empresas prestadoras de servicios públicos.

Las siguientes palabras expuestas por Andesco dejan entrever que las preocupaciones no corresponden a una mera oposición sin fundamento, sino a que la realidad ha venido mostrando “que en este como en los demás proyectos de reforma hay una desconexión entre ideales y practicidad, como bien lo mencionó un exfuncionario del Gobierno actual”.

Y detrás de esta reforma, por lo planteado en la charla virtual organizada por La Opinión, vienen unidos ciertos poderes omnímodos de regulador y controlador al Estado, por encima de las comisiones encargadas, que de confirmarse, pondría en riesgo la inversión, la eficiencia, la calidad y la continuidad del servicio.

El Gobierno Nacional y las empresas de servicios públicos  deben persistir en el diálogo para tratar el asunto de las tarifas, encontrar  puntos de convergencia, mantener a los usuarios en el centro de las decisiones que se adopten, previa revisión y ajuste, sin poner en peligro algo que se ha destacado en Latinoamérica y que Colombia es ejemplo en cobertura y calidad de servicios públicos.

La socialización es necesaria para mejorar y hacer una actualización de la normatividad de los servicios públicos, y para aprovechar que se tomen decisiones acertadas para corregir los errores y resolver los asuntos pendientes, pero sin ocasionar daños irreparables en detrimento de los usuarios y de los servicios.