La rencilla por la auditoría al software a implementar en las elecciones a la Presidencia pasó a los estrados judiciales y tiene como principal implicado al registrador Alexander Vega Rocha.
Lea: A qué le apuntan las propuestas de los candidatos en materia de seguridad?
Por medio de una acción de tutela presentada por el exaspirante al Congreso Sergio Alzate, Vega –y el Consejo Nacional Electoral– enfrenta este proceso porque le habría vulnerado al tutelante el derecho a elegir y ser elegido en los comicios legislativos.
Además, Alzate considera que debe revisarse el código fuente del software electoral, para así proteger la contienda presidencial de este domingo.
El caso está en la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el cual este miércoles le dio dos días a la Registraduría para que presente un informe detallado en razón de la supuesta violación del derecho.
Las 48 horas empiezan a regir desde que Vega sea notificado, y en el pleito también salen a relucir las empresas Indra y Disproel, encargadas del registro y la difusión del preconteo de este 29 de mayo.
Ambas compañías fueron vinculadas a la tutela y tienen a manera de opción también pronunciarse respecto al pedido del excandidato.
Conozca: 19 municipios de Norte, en riesgo electoral según la MOE
Suspensión del software
Una de las peticiones de Sergio Alzate precisamente fue decirle al Tribunal que mientras se pronuncia de fondo, suspenda provisionalmente el uso del software del preconteo y el escrutinio que se usará en las elecciones.
La solicitud le fue negada por el despacho de la magistrada que lleva el caso, Clara Cecilia Vásquez, pues consideró que a pocos días de una contienda como esta se podría afectar el trabajo de Indra y Disproel.
En efecto, en el auto que admitió la tutela se habla de que frenar las labores de las compañías podría desembocar en “un perjuicio grave e irreparable a los derechos jurídicos de los terceros involucrados: Indra Sistemas S.A. y la Unión Temporal Disproel.
Entérese: Expertos están preocupados por falta de claridad en las propuestas relacionadas con la niñez
Por consiguiente, el Tribunal analizará el informe que presente el Consejo Nacional Electoral y el registrador Vega, para luego de ello definir si ampara el pedido de Alzate y ordena una auditoría integral al software.
Este diario conoció que tanto Indra y Disproel están dispuestas a revisar el recurso en el que se los vinculó. Sin embargo, a esta última no se le ha notificado la decisión.
Entretanto, el registrador reiteró en que las garantías para las elecciones están dadas, y que prueba de ello es el plan que armó con la Procuraduría enfocado a que no haya fraude en ninguna mesa.
Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en: https://bit.ly/_Suscríbete_Aquí
