La oficina de la ONU para los Derechos Humanos ha alertado de que el estado de excepción aplicado en El Salvador desde hace un año, destinado a combatir la inseguridad asociada a las pandillas, ha generado "graves preocupaciones" en materia de derechos y libertades y ha advertido de que los problemas de fondo no se pueden resolver con medidas únicamente represivas.
Coincidiendo con el primer aniversario de la entrada en vigor de las medidas excepcionales, contempladas inicialmente para un mes, el Alto Comisionado de Naciones Unidas ha vuelto a poner en cuestión los efectos colaterales de régimen que ya ha dejado al menos 65.000 detenidos.
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La ONU entiende que la inseguridad implica para El Salvador "grandes retos", pero ha advertido por boca de una portavoz, Marta Hurtado, de que cualquier medida que se adopte contra los grupos armados debe ser respetuosa con los Derechos Humanos, algo que no siempre se estaría dando.
De hecho, considera que arte de las "detenciones masivas" llevadas a cabo en los últimos doce meses, algunas de las cuales han afectado a menores de edad, ha sido "arbitrarias", entre otras razones porque se han llevado a cabo sin investigaciones precisas y en algunos casos únicamente por "la apariencia física o el trasfondo social" del sospechoso.
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Además, las condiciones en que quedan recluidos los detenidos "son también muy preocupantes". "Hemos recibido denuncias de graves violaciones de los derechos de los presos, tales como aislamiento prolongado y reclusos con enfermedades crónicas que no reciben la medicación, ha añadido Hurtado.
En este sentido, considera "especialmente preocupante" que hayan muerto bajo custodia unas 90 personas y que tan sólo haya "información limitada" sobre el desarrollo de las investigaciones en torno a estos casos.
"El derecho a la vida, la absoluta prohibición de la tortura, los principios de un juicio justo, incluida la presunción de inocencia, y las salvaguardas procedimentales que protegen estos derechos se aplican en todo momento, también durante estados de emergencia", ha remachado la portavoz.
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Atender las causas
Naciones Unidas ha recordado al Gobierno de Nayib Bukele que todo Estado tiene "el deber de proteger las vidas de los individuos privados de libertad", y a permitir que la institución nacional que supervisa los Derechos Humanos, que acumula ya 7.900 quejas, pueda examinar de forma "regular" e "independiente" la situación de las cárceles.
Hurtado ha llamado a combatir las causas subyacentes a la violencia, entre las que ha citado "las desigualdades sociales, la marginación y la falta de políticas sociales efectivas". "La experiencia internacional demuestra que defender de un modelo penitenciario básicamente represivo reduce las opciones de los presos de reintegrarse en la sociedad", ha advertido.
Bukele, sin embargo, ha hecho caso omiso de este tipo de críticas durante el último año y este mismo martes ha prometido en sus redes sociales que seguirá "trabajando por la seguridad de los salvadoreños, aunque reclamen las ONG de 'derechos humanos'".
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