Los problemas de interinidad que se presentan hoy en la administración municipal de Pamplona, por cuenta de la detención del alcalde Ronald Contreras, acaban de sumar un nuevo ingrediente que hace más compleja la situación de la ciudad mitrada.

El personero de este municipio, Richard Parada Jáuregui, denunció ante la Procuraduría Provincial de Cúcuta, la presunta inhabilidad que pesaría actualmente sobre el alcalde encargado, Reinaldo Silva Lizarazo, quien se posesionó el pasado martes ante el notario Primero, Ciro Caicedo.

Durante su juramento, el nuevo mandatario, quien fue designado por el gobernador William Villamizar Laguado, de una terna enviada por el partido Centro Democrático, manifestó no estar incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad.

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Sin embargo, el personero puso en conocimiento de la procuradora Teresa de Jesús Ortega, que Silva suscribió un contrato de prestación de servicios profesionales el 5 de julio de este año con el municipio de Pamplona.

Dicho convenio tenía como objeto desarrollar programas de titulación de bienes fiscales y estaba fijado por un valor de $13’800.000, el cual se debía ejecutar en cinco meses y 26 días, teniendo como fecha de terminación el 31 de diciembre de este año.

En la queja instaurada ante la Procuraduría Provincial, el personero advierte, igualmente, que el 7 de diciembre pasado se suscribió el acta de liquidación de muto acuerdo del contrato entre Silva y el entonces alcalde encargado, Mohamad Nayed Amra.

Para el representante del Ministerio Público, de acuerdo con la ley, en este caso se configuraría una evidente inhabilidad toda vez que el artículo 95 de la Ley 136 de 1994 establece que no podrá ser elegido ni designado alcalde: “quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel municipal o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio”.

La Opinión intentó comunicarse con el alcalde encargado para conocer su versión sobre la queja instaurada por el personero, pero este manifestó que no hablaría con los medios y que cualquier pronunciamiento sería emitido a través de la Oficina de Prensa. Sin embargo, los encargados de ese despacho manifestaron que, por ahora, no hay ninguna comunicación al respecto.

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Pamplona se encuentra desde el pasado 24 de octubre con alcalde encargado, luego de que un juez ordenara la captura de Ronald Contreras y su secretario de Gobierno, Jeiver Saith Acero Basto, por las presuntas irregularidades en un contrato con la corporación Vida y Progreso, por $ 164 millones, y el cual buscaba beneficiar a un grupo de víctimas del conflicto. 

A los dos funcionarios les imputaron los delitos de peculado por apropiación y celebración indebida de contratos, y desde el 31 de octubre están bajo detención domiciliaria, en Pamplona.