Bastaron menos de 6 horas para que un polémico “mico” en la reforma a la política criminal fuera eliminado por la presión de los medios y la opinión pública. Se trata de un artículo que buscaba que los contenidos relacionados con seguridad nacional y “paz total” fueran revisados por el Gobierno antes de ser publicados, un hecho que se hubiera traducido en una clara censura a la prensa.

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Aunque algunos funcionarios –como la ministra de las TIC, Sandra Milena Urrutia– aseguraron que la norma está en construcción y que lo que busca es sensibilizar, bastaron un par de horas para que buena parte del Gobierno saliera, en bloque, a disculparse por el contenido de ese punto y a asegurar que sería eliminado del proyecto de reforma.

En palabras textuales, el artículo 167 de esa reforma a la política criminal proponía que la prensa escrita, las emisoras y los programadores de televisión que operan en el país debían “adelantar campañas destinadas a generar un cambio en la conciencia ciudadana (...) pero para su difusión deberán ser sometidos a la aprobación del Consejo Superior de Política Criminal”.

En otras palabras, el Gobierno pretendía que esa nueva Ley no solo obligara a los medios a hablar sobre determinados temas, sino que, una vez estuvieran listos esos contenidos, serían ellos mismos los que se encargarían de aprobar las publicaciones.

Tras las decenas de críticas y la sombra de que la Presidencia empezaría a censurar los medios como en otros países de América Latina, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, excusó a su Ministerio asegurando que se trataba de un “calca exacta” de otro artículo similar que está vigente en la Ley de Estupefacientes.

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Lo cierto es que no es tan así como lo vendió Osuna. El punto al que él se refirió –el artículo 10 de la ley 30 de 1986– estipula que los medios “deberán adelantar campañas destinadas a combatir el tráfico y consumo de drogas” y que “para su difusión deberán ser sometidos a la aprobación del Consejo Nacional de Estupefacientes”.

Así las cosas, es evidente que ambos artículos comparten una redacción casi idéntica, pero no se puede comparar la publicación de contenidos en contra de la venta y consumo de drogas con la supervisión de temas controversiales como la seguridad y la paz.

Esto último teniendo en cuenta que la política de “paz total” del presidente Petro ha sido una de sus banderas y que los medios han sido claves en advertir sobre artículos anticonstitucionales.

No es la primera vez

Pero esta no es la única vez que se intenta modificar el funcionamiento de los medios durante el Gobierno Petro. En octubre, otro polémico proyecto para crear una “Ley de medios y acceso al internet” llegó a la Cámara de Representantes por cuenta de la bancada del Pacto Histórico.

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En esa ocasión, el documento proponía crear una “democracia informativa” y la “democratización” de medios de comunicación.

En resumen, los congresistas buscaban la reasignación del espectro electromagnético, la redistribución de los fondos públicos para pautar en los sistemas de comunicación y la creación de espacios en las cadenas públicas para que los movimientos sociales puedan difundir sus posturas frente a los temas de interés.

Dicho proyecto, en todo caso, no ha logrado avanzar en la Cámara pese a que el presidente de esa corporación, David Racero, se había comprometido a debatirlo.

Por ahora, el ministro Osuna aseguró que retirará ese borrador para eliminar el artículo que atentaba contra la prensa. “Este gobierno siempre contará con la prensa como un órgano libre de la sociedad, jamás este gobierno propondrá una norma que parece censura, razón de más para corregirlo, suprimirlo”, dijo.

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Entre los otros temas que abarca dicha reforma se encuentran puntos tan sensibles cómo el sometimiento a bandas criminales, las penas carcelarias, las negociaciones sin contexto político y múltiples penitenciarios.

Una vez sea retirado el “mico” de ese borrador, el proyecto pasará al Congreso, donde los legisladores deberán revisar con lupa cada punto para evitar nuevas sorpresas.

Fuente: El Colombiano

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