Mientras que los acuerdos para solventar el crítico hacinamiento en las estaciones de Policía y en la misma Penitenciaría de Cúcuta se firman y se dejan al olvido por parte de la Gobernación de Norte de Santander, la Alcaldía de Cúcuta y el Gobierno Nacional, los detenidos siguen planeando fugarse de estos lugares transitorios.
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Melvis Douglas Núñez Tirado y Wilker Argenis Rodríguez Ramírez fueron los que recientemente aprovecharon esta situación para ‘volarse’ la madrugada del 6 de abril de las celdas de la estación de Policía en Los Patios.
Con sigilo y en medio del silencio del momento, los dos hombres rompieron una malla y por ahí lograron escapar hacia los techos vecinos.
Núñez integraba presuntamente una banda de atracadores conocida como ‘Los Buques’, señalada de cometer robos en diferentes sectores de la ciudad.
Melvis Douglas presuntamente fue quien asesinó a balazos al vigilante Luis Andelfo Ureña Medina, el lunes 4 de enero de 2021, cuando llegaron a atracar en una estación de servicio en el Anillo Vial Occidental.
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“Es algo incontrolable, mientras que los entes territoriales, que son los que están ordenados por la Corte Constitucional para hacerse cargo de la infraestructura carcelaria para los detenidos sindicados, no tomen cartas en el asunto y no destinen los recursos suficientes para solucionar esta problemática”, dijo una fuente judicial.
Precisamente, en la sentencia proferida el 31 de marzo por la Corte, se indica directamente que los departamentos deben adjudicar recursos con los municipios para solventar este inconveniente.
“Los departamentos definen con los municipios bajo su jurisdicción las fuentes de financiación, las cuales deberán incluir recursos suficientes para la mejora y adecuación de la infraestructura carcelaria existente, la construcción de cárceles y todas las medidas necesarias y adecuadas para garantizar los mínimos de habitabilidad digna de la detención preventiva”, se lee en dicha sentencia.
También les ordenó a los ministerios de Justicia y del Derecho y el de Hacienda y Crédito Público incluir en el presupuesto general de la Nación, un rubro destinado a la ampliación de cupos en establecimientos carcelarios y a superar las causas que han llevado al hacinamiento en las cárceles.
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Jaime Marthey, defensor regional del Pueblo, ha insistido en que se debe crear una cárcel municipal para mejorar las condiciones de los detenidos y evitar que se sigan violando los derechos humanos, además de generar inseguridad que conllevan a diferentes problemas sociales.
Compromisos sin cumplir
La Opinión conoció que el pasado 7 de abril de 2021, se adelantó una mesa de trabajo entre el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), la Gobernación de Norte de Santander y la Alcaldía de Cúcuta, en la que se acordó la construcción de dos estructuras modulares en predios de la Penitenciaría de Cúcuta, con una capacidad para 170 detenidos, cada una de las edificaciones, pero hasta el momento no se ha avanzado en nada.
En dicho compromiso se determinó que la Gobernación aportaría $4.000 millones, la Alcaldía de Cúcuta $3.000 millones, mientras que 7.000 millones restantes serían gestionados por el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Justicia, el Inpec y la Uspec.
“Los entes territoriales tienen los recursos, pero no quieren arrancar, esperando que todo lo haga el Gobierno Nacional”, dijo una fuente cercana a los acuerdos.
Cristian Buitrago, secretario de Gobierno de Cúcuta, aseguró que se han adelantado mesas de trabajo técnicas analizando la viabilidad de la construcción.
“Estamos trabajando de la mano del ministerio en la estructuración y diseño de esos módulos, que ejecutaría directamente la Nación con el Inpec y la Uspec. Asimismo, estamos trabajando con consultores que han presentado propuestas en la construcción de cárceles modulares, de acuerdo con la nueva ley de seguridad”, dijo el funcionario.
