Con el acompañamiento de Defensoría Regional del Pueblo y organismos internacionales de Derechos Humanos, comienza la caracterización de los desplazados albergados en el Centro Multifuncional de la unidad de víctimas del municipio de Hacarí.

La administración local brinda la atención primaria a 38 núcleos familiares, integrado por 93 personas entre niños, mujeres y adultos mayores. El personero Robeiro Muñoz Pérez indicó que en el albergue se suministra la alimentación, un espacio para pernoctar, medicamentos y la orientación sicosocial ante los efectos de las confrontaciones. 

Los campesinos planean trasladarse hacia el municipio de Ocaña, Cúcuta e incluso Bogotá para llamar la atención del Gobierno Nacional.

Por otra parte, los organismos verifican el cumplimiento de los protocolos de los derechos humanos entre los labriegos que abandonan las parcelas ante los riesgos de la confrontación armada presentadas en las veredas Monte Tarra e Islitas donde opera una base militar cerca al caserío.

Una situación similar se reporta en los corregimientos de Mesitas y San Miguel, donde los moradores de la zona anuncian movilizaciones debido a la agudización del conflicto entre la inminente erradicación de los cultivos ilícitos.

El secretario de Desarrollo Social de esa población, Juan Ascanio Pérez, asegura que la situación es muy compleja ya que el municipio no cuenta con los recursos suficientes para la atención de los desplazados.  “Se activó el plan de contingencia con las entidades asentadas en la región donde se brinda alimentación, atención en salud, programas sicosociales, recreación a través de manifestaciones artísticas.

Sin embargo, se agota la plata y se requiere el concurso de la gobernación, gobierno nacional e incluso cooperación internacional”, recalcó. Hacarí es un municipio de sexta categoría, con muchas necesidades insatisfechas y el rubro asignado para atender a desplazados solo asciende a los 30 millones de pesos.

Lo grave del caso es que el proceso de erradicación apenas se anuncia y cuando se haga efectivo aumenta el fenómeno. Los labriegos no están dispuestos a regresar a las fincas ya que el riesgo está latente. “Por el momento no piensan en un retorno ya que no hay garantías”, expresó Ascanio Pérez.

El líder social, Neiron Mejía Mercado lamentó que la espiral de la violencia se haya apoderado de esa región y los campesinos sufran las consecuencias de unas políticas equivocadas del gobierno nacional.

Consideró que los habitantes están estigmatizados y reclamaron el respeto de los derechos humanos. Los líderes insisten el cumplimiento de los acuerdos de paz donde se plasma una reforma agraria integral con legalización de tierras y sustitución gradual con proyectos productivos.