La nulidad de las cartas catastrales de algunos predios de la zona rural de Ocaña para anexarlas al departamento del Cesar, ha generado un conflicto socioeconómico de grandes proporciones.

El deslinde de la totalidad de la línea limítrofe con el vecino municipio de Río de Oro se ve reflejado en la cartografía trazada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), que tiene grandes implicaciones, porque los campesinos no aparecen en la configuración del último Censo Nacional poblacional efectuado en 2018.

El conflicto territorial surgió en 2006 cuando el dirigente liberal Jorge Eliécer Manosalva decidió montar la estación de combustible Caracolí en el bien conocido como ‘Indonesia’, en la carretera Ocaña-Aguachica, lo que atrajo a los conductores del sur del Cesar para abastecer los vehículos con el combustible subsidiado que llega a Norte de Santander.

El próspero negocio generó celos entre los gobernantes de turno del vecino departamento quienes instauraron el respectivo denuncio. La subdirección Geográfica y de Cartografía del IGAC verificó la situación y adelantó el estudio técnico hallando doble matrícula catastral de 90 predios pertenecientes a los corregimientos de Pueblo Nuevo, Agua de la Virgen y Aguas Claras de Ocaña, por lo que ordenó la segregación y los anexó a Río de Oro, sur del Cesar.

Los habitantes, irónicamente, están obligados a pagar los impuestos en el vecino municipio y los programas sociales son prestados por Norte de Santander, ya que tanto el gobernador Silvano Serrano y el alcalde de Ocaña, Samir Casadiego, han manifestado que no los van a dejar desamparados.

Sin embargo, ahora con la implementación del nuevo Sisbén y el plan de reparación colectiva los procesos se ven afectados y es necesaria la intervención de la Procuraduría delegada para los asuntos de paz y posconflicto, porque se encuentran en un dilema.

Desde 2011, Ocaña ha dejado de percibir recursos del impuesto predial en detrimento del fisco municipal y los mandatarios de turno no han dirimido la batalla en el campo jurídico porque el directo responsable de las acciones debe ser el gobernador, puesto que el conflicto es a nivel departamental.

El secretario de Gobierno de Ocaña, Yuri Alfonso Carrascal Gómez, manifestó que expondrán la situación para que el gobernador Serrano haga frente a ese problema de la segregación de los territorios de manera inconsulta y sin obedecer a verdaderos estudios técnicos y legales.

Las veredas afectadas por el conflicto territorial con el departamento del Cesar dependen económica y funcionalmente del municipio de Ocaña, incluyendo la prestación de servicios de asistencia técnica agropecuaria y el  educativo por la alcaldía municipal.

La extensión del conflicto territorial con el departamento del Cesar es de 104,31 kilómetros cuadrados,  de acuerdo con los datos contemplados en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial del año 2002.

Al municipio de Río de Oro pasaron predios de las veredas San Pedro, Los Curos, El Poleo, El Cauca, Palmarito, Hierbabuena, Los Curitos, La Ceiba, San Antonio y Carrizal. A González, Cotorreras y Cristo Rey. Asimismo a San Martín Fundación y Miraflores.
 

Cerca de 1.000 campesinos afectados por esas medidas de segregación de 104 kilómetros cuadrados de tierra, se declararon en desobediencia ciudadana, mientras se precisa y aclara lo ocurrido.

El presidente de la junta de acción comunal de la vereda Nuevo Amanecer del corregimiento Agua de la Virgen, Héctor Jorge Navarro Sánchez, calificó como una arbitrariedad lo que pretenden hacer sin argumentos legales.

“Todos nuestros ancestros han vivido en la zona rural de Ocaña y ahora salen con el cuento que somos del sur del departamento del Cesar. En los aparatos satelitales del DANE con linderos actualizados aparecemos en otra parte y sin embargo, la cédula está expedida acá, las matrículas catastrales también, es un absurdo y por eso no pagaremos los impuestos en Río de Oro”, dijo Navarro Sánchez.

Manifestó que con el nuevo Sisbén van a ser excluidos de los programas sociales y si requieren de una urgencia no podrán ser atendidos en el hospital de Ocaña, sino remitidos a Aguachica y en el peor de los casos a Valledupar. 

“Nos han hecho un gran daño con esa decisión inconsulta, incoherente y sin argumentos. Estamos en el limbo jurídico, no sabemos qué camino coger y dónde están nuestros dirigentes. Cuando lleguen las elecciones no podremos votar  en el Agua de la Virgen sino en el Cesar, por intereses de los politiqueros de turno”, enfatizó.

Solicitó que piensen bien lo que van a hacer, se analice a fondo en el Congreso de la República antes de efectuar ese deslinde.

Mucha tela por cortar  

El exsecretario de Planeación de Ocaña, arquitecto Jhonny Peñaranda Vega, especialista en derecho urbano, manifestó que libró una lucha para aclarar la situación, pero esa pelea le compete al gobernador de Norte de Santander con una defensa bien estructurada.

“El IGAC concluyó ante la oficina de Instrumentos Públicos que esos predios tenían doble inscripción y todas las matrículas las pasó al  Cesar. La Gobernación de Norte de Santander debe agotar los recursos jurídicos por la defensa del territorio, se deben acudir a mesas de conciliación con las pruebas históricas, técnicas y material cartográfico”, agregó.

“Como se dice popularmente, fue un chicharrón difícil de solucionar durante la administración de Miriam Prado. Ni siquiera en 2018 para solucionar problemas con la Unidad de Víctimas se pudieron aclarar esos linderos”, recordó Peñaranda.

Advirtió que en ese conflicto territorial hay mucha tela por cortar ya que ha existido mucha negligencia y no se ha actuado a tiempo.

Resolver el deslinde 

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, mediante la Resolución 1049 del 15 de diciembre de 2020, ordenó la  diligencia donde se designa un funcionario que presidirá la Comisión y se adoptan las medidas necesarias para proceder al deslinde de la totalidad de la línea limítrofe entre los municipios de Río de Oro y Ocaña, ubicados en Cesar y Norte de Santander, respectivamente.

Se asignó a la ingeniera civil Flor Alba Espejo Alfonso, profesional universitaria adscrita a la planta de personal del IGAC, ejerciendo funciones del grupo interno de trabajo Fronteras y Límites de entidades territoriales, adscrita a la Subdirección de Geografía y Cartografía del IGAC para adelantar el deslinde entre los dos entes territoriales.

Para el proceso administrativo se convocó a los representantes legales de los municipios de Río de Oro, Aguachica, González, y San Martín ubicados en el departamento del Cesar y al municipio de Ocaña en  Norte de Santander; los gobernadores de ambos entes seccionales para dar inicio a la diligencia de deslinde que se llevará a cabo el  25 de marzo de 2021 a las 9:00 de la mañana, de manera virtual, por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi en aplicación del Decreto Legislativo 491 de 2020. 

Para tal efecto los participantes deberán, con antelación no inferior a cinco días hábiles a la fecha fijada, remitir al IGAC los correos electrónicos a través de los cuales recibirán notificación y comunicación, el mismo servirá para la remisión del enlace.

Gobernación adelanta investigación

El gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano, dijo que su despacho se apersonarán sobre el tema, dando trámite  a todo lo concerniente y buscando obtener el mayor beneficio para los campesinos de la región.

El mandatario regional señaló que las dependencias encargadas de dar respuesta a esta problemática se encuentran al frente del caso y en comunicación con las autoridades de Ocaña, para de esta manera defender los límites del departamento.