“En la región colombiana del Catatumbo, en donde Médicos Sin Fronteras (MSF) ha estado presente desde noviembre de 2018, persiste una crisis por cuenta del conflicto armado, las condiciones de precariedad en los barrios irregulares y la violencia contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes”. 

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Con esta frase la organización MSF comienza el informe del balance que realizó sobre las actividades que durante tres años realizó en esta zona de frontera, donde su personal hizo presencia hasta octubre pasado, cuando cerró su tercer periodo de trabajo en la región. 

Sulaith Auzaque, coordinadora de MSF en Catatumbo, en diálogo con La Opinión, amplió que situaciones como el poco acceso a servicios de salud y saneamiento básico, la violencia sexual, la precariedad de vida en migrantes y comunidades indígenas son aspectos, entre varios, en los que los organismos estatales y oenegés presentes en el departamento deben centrar sus esfuerzos.  

De acuerdo con MSF, entre noviembre de 2018 y octubre de 2021, se realizaron 47.825 consultas médicas, de las cuales 42.720 fueron consultas externas generales; 210 por violencia sexual, 4.729 por atención prenatal y 166 por atención postnatal. Mientras MSF trabajó en esta región se presentaron una serie de 11 feminicidios.

 Según Auzaque, "existe un subregistro muy importante en lo que tiene que ver con la violencia a la mujer, en buena medida por diferentes barreras, incluyendo el temor para denunciar". 

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Este tipo de violencia “está muy silenciada” por temor y represalias, el desconocimiento de que también es considerada una urgencia médica, temor a la pérdida de confidencialidad, posibles implicaciones en la seguridad de las afectadas y una mínima consulta ante personal médico.

“Los casos más frecuentes provienen del interior de la familia, la mayoría de afectadas son mujeres jóvenes y la mayoría de perpetradores son hombres. También hay algunos casos asociados al conflicto armado y un 30% de los casos atendidos son niñas y adolescentes menores de 14 años, una población con particular vulnerabilidad e indefensión”. 
 

MSF realizó 13.610 consultas de planificación familiar, alcanzando un total de 8.789 personas beneficiadas. Tanto en La Gabarra como en Puerto Santander y Tibú, la organización brindó atención en salud mental para la población migrante venezolana y colombiana no asegurada, llegando a 3.527 consultas. 
Basado en todo lo hallado en el trabajo de campo MSF aseguró en su informe que las condiciones de precariedad en las cuales han llegado miles de familias a Colombia han agudizado en muchos casos los sentimientos de tristeza, incertidumbre y ansiedad. 

En el transcurso del proyecto, el equipo de salud mental trabajó desde un enfoque individual, así como psicosocial, teniendo en cuenta afectaciones por conflicto armado o xenofobia.

Migrantes e indígenas

En las más de 3.500 consultas a migrantes (venezolanos y colombianos retornados), especialmente en Tibú, La Gabarra y Puerto Santander, MSF determinó que la primera causa de malestar en esta población es la precariedad de vida por el poco acceso a alimentación, dinero, separación de sus familias, temor a encontrarse con el conflicto armado que se registra en la región y el sometimiento a trabajos de mucha exigencia física, y mal remunerados, al que se enfrentan profesionales con estudios superiores y técnicos. 

En lo que concierne a la comunidad indígena Yukpa, con alta presencia en municipios como Tibú, llamó la atención de MSF el fenómeno de la mendicidad en niños y niñas y el alto número de mujeres embarazadas. 

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“Tienen varias particularidades: es un grupo indígena que tiene mucha fragilidad en su organización interna, son un grupo de familias novatas en términos organizativos y por eso no son tan escuchados y no tienen los mecanismos para hacerse notar. Los priorizamos en términos de salud y procuramos ser voceros ante otras organizaciones de cooperación internacional. Otra dificultad es que pocos hablan el castellano y eso los limita en la posibilidad de exigir derechos”, agregó Sulaith Auzaque.
 

En los barrios Divino Niño, Tres Montañas y 12 de septiembre y en la comunidad Yukpa de Tibú, MSF ha encontrado que por lo menos 10.000 familias viven en condiciones de saneamiento indignas: “En estos asentamientos, así como en cuatro más de La Gabarra en donde hemos intervenido, hemos encontrado problemas serios de agua potable, higiene y falta de atención médica para población vulnerable venezolana y colombiana. En nuestras consultas seguimos viendo a personas con enfermedades respiratorias, niños con enfermedades gastrointestinales, problemas dermatológicos, malaria e incluso Covid-19”, añade Auzaque. 

Principales necesidades

MSF asegura que la mayoría de niños que cruzan la frontera por pasos irregulares llegan con alguna afectación médica, ya sean problemas dermatológicos, gastrointestinales o respiratorios. De la misma manera, se han atendido casos de mujeres embarazadas sin controles prenatales o pacientes crónicos con enfermedades de diabetes o cáncer sin acceso a medicamentos o controles periódicos. 

A la falta de atención de salud se suman las complicaciones de higiene en los lugares en donde habita la población, teniendo en cuenta que las familias suelen estar expuestas a fuentes de agua contaminada y en estado constante de hacinamiento, lo cual puede generar enfermedades como la malaria y la COVID-19.

Para los pacientes que necesitan atención hospitalaria, si se tiene seguro médico, se requiere de un viaje a Cúcuta que puede tomar entre seis y 7 horas y un lapso de tres meses para adquirir cita con algún especialista. A estas barreras se suman las dificultades de protección en la zona por cuenta de la disputa entre distintos grupos armados.

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Eduardo*, habitante de uno de los asentamientos irregulares, señaló que “las familias mantienen la preocupación por el conflicto porque se ven reclutamientos de menores y muchas personas terminan trabajando en los cultivos de coca entonces ahí quedan más expuestos. Las personas que hemos migrado lo hemos hecho para buscar trabajo y comida, pero ha sido difícil”. 

La población también se ha visto expuesta a la violencia por trabajo sexual, así como a desplazamientos por amenazas de grupos armados. Para Sulaith Auzaque, coordinadora de MSF en Catatumbo, es clave que las instituciones gubernamentales, así como las organizaciones humanitarias, trabajen por “una mejor atención integral para la población migrante venezolana y colombiana no asegurada y hagan un mayor esfuerzo en preservar las condiciones de agua, saneamiento y albergue. Y quizás lo más importante: en la región existen diferentes tipos de violencia contra la población que en ninguna circunstancia deberíamos normalizar”.

*Nombre cambiado
 

Testimonio de migrante

Victoria, de 70 años, dice: "Migré a Venezuela desde Colombia en el año 1977. Viví sobre todo en Machiques; allá trabajé, tuve dos hijas y una casita con una tiendita en la vendía caramelos, hielo y comida.

En los últimos años comencé a quedarme sola en mi pueblo porque la situación se puso horrible; lo que uno ganaba no alcanzaba ni para comer bien. Una de mis hijas se quedó trabajando en una finca con su esposo y sus dos hijos y a veces viene a Tibú a visitarme a mí y a mi otra hija.

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Yo pasé de vivir en una casa de cemento en Venezuela a esta casa de madera en Tibú. Pasé de beber agua del grifo a recoger agua lluvia. A veces, una vez por semana, llega el agua al barrio, la traen potable, pero escasea y toca pagar. Gracias a Dios, cuando uno se está quedando sin agua llueve y así podemos recogemos agua para bañarnos, para cocinar y para beber. Un sobrino trae agua de un pozo, pero este a veces se seca.

Y bueno, también pasé de tener un baño a tener que ir allá, a la selva, para hacer mis necesidades. En los últimos años he tenido un dolor muy fuerte de cadera, pero es muy difícil que me atiendan en el hospital o lograr una cita con un médico, por eso tomo Ibuprofeno cuando puedo comprarlo, la verdad es que no me queda de otra.

 A pesar de todo esto, vivimos aquí porque al menos tenemos algo de comer y se presentan oportunidades de trabajo. Yo he intentado vender cositas acá en la casa, caramelos, panes, pañales y lo que pueda conseguir. Aquí las familias rebuscan lo del día, pero no mucho más, y eso es más de lo que teníamos antes. Para nosotros los mayores esto es muy doloroso porque teníamos una vida construida en Venezuela y pensábamos que íbamos a envejecer tranquilos porque trabajamos mucho para conseguir lo que teníamos, pero ahora estamos aquí, sin agua, salud y sin poder reunirnos en familia".

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