La fiscal general encargada, Martha Mancera, aseguró que el arresto en las últimas horas de Francisco Javier Martínez Ardila "Pacho Malo", funcionario de esa entidad sindicado de supuestos vínculos con bandas criminales en Buenaventura, es una muestra de la lucha contra la "corrupción interna".
"Es el resultado de las acciones investigativas realizadas contra la corrupción interna, que se han impulsado en este cuatrienio para garantizar transparencia y legalidad en el ejercicio de las funciones que le compete a cada servidor", expresó la fiscal encargada.
Mancera ha sido relacionada con Martínez Ardila, de acuerdo a investigaciones de varios medios de prensa local que han revelado de un eventual encubrimiento de sus acciones, pese a denuncias internas hechas de tiempo atrás.
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“Hemos logrado en esa lucha contra la corrupción de los servidores públicos la ubicación de 663 bienes que han obtenido los servidores públicos de manera ilícita. Hemos logrado en la Fiscalía General de la Nación investigaciones contra nuestros propios funcionarios", sostuvo la funcionaria.
La detención de Martínez Ardila se realizó en la víspera en Medellín, por parte del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), una acción que fue saludada por el presidente, Gustavo Petro.
Elementos de prueba recolectados por el ente investigador indican que el funcionario pertenecería a una red delictiva conformada por funcionarios y particulares, que auspiciaban y facilitaban la entrada ilegal de mercancía por los puertos de Buenaventura (Valle del Cauca) y Barranquilla (Atlántico).
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Martínez Ardila habría utilizado su cargo en la entidad para solicitar "al asistente de un despacho fiscal ingresar al sistema misional SPOA y extraer información reservada sobre un proceso, con el propósito de alertar a los cabecillas y demás integrantes de la estructura dedicada al contrabando", añadió la Fiscalía.
Tras lo anterior, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción presentó al detenido ante un juez de control de garantías para la legalización de su captura y en las próximas horas le imputará los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de contrabando y acceso abusivo a un sistema informático y solicitará medida de aseguramiento.
La Fiscalía recalcó que durante los últimos cuatro años actuó contra el contrabando, lo que permitió imputar a 299 personas señaladas de evadir el pago de más de un billón de pesos.
Igualmente, la entidad aseguró que se investigó y formuló cargos contra 130 servidores de ese organismo.
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