Hace algunos días, las autoridades de Estados Unidos comunicaron que el grupo Aval firmó un acuerdo con la Comisión de Valores (SEC) y el Departamento de Justicia de ese país aceptando su responsabilidad en el pago de sobornos en Colombia, en complicidad con Odebrecht.
Los sobornos tuvieron relación con la adjudicación de la ruta Ocaña-Gamarra, correspondiente al segundo tramo de la Ruta del Sol. Ya se habían adelantado investigaciones en Colombia, pero, frente a lo aceptado en Estados Unidos, se quedaban cortas.
Infórmese: Eln dice que Fiscalía fabricó “noticias falsas” por supuesto atentado a Francisco Barbosa
La aceptación de responsabilidad por parte de Corficolombiana y Aval implicaba detener las investigaciones en su contra en Estados Unidos, siempre y cuando se cumplieran los compromisos adquiridos con las autoridades de ese país.
Frente a ese panorama, el Gobierno colombiano busca que los hallazgos hechos por la justicia norteamericana permitan reactivar los procesos en Colombia.
Así lo aseguró la directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora, quien pidió a la Cancillería adelantar los trámites diplomáticos necesarios para obtener la información correspondiente de parte de las autoridades estadounidenses.
Su pretensión contrasta con lo dicho por el fiscal Gabriel Jaimes, quien tiene a su cargo el grupo de la Fiscalía para investigaciones por el caso Odebrecht en Colombia, que afirmó que los procesos contra directivos del grupo Aval, con excepción del condenado expresidente de Corficolombiana José Elías Melo, quedaron cerradas.
Le puede interesar: Oposición pide a la Corte declarar inconstitucional Ley de Paz Total
¿Qué puede pasar en Colombia, entonces, con la información en contra del grupo Aval recogida por las autoridades norteamericanas? ¿Es posible que se reabran procesos tanto en lo penal como en lo que tiene a su cargo la Superintendencia de Sociedades?
Entre las pruebas a las que el Gobierno podría acceder están dos coimas pagadas por Corficolombiana. Una de 3,4 millones de dólares que, según las autoridades estadounidenses, no se ha investigado en Colombia, y otra que recibió un alto funcionario del gobierno de Juan Manuel Santos del que todavía no se conoce su identidad.
José Elías Melo, condenado a once años de prisión en 2019 por cohecho y celebración indebida de contratos, y quien, de acuerdo con la aceptación hecha por el Grupo Aval, sería el principal responsable de los sobornos, negó haber participado en ellos y señaló a otros miembros del conglomerado empresarial.
“De ninguna manera participé en los sobornos pagados a funcionarios del Gobierno de Colombia por el proyecto Ruta del Sol II por US$28 millones entre 2014 y 2016 a que alude el punto 15 del documento de la SEC”, dijo el sentenciado exdirector de la filial de Aval en un comunicado.
Los responsables, según Melo, son otras “personas vinculadas con grupo Aval y Corficolombiana” que tenían “conocimiento, responsabilidad y autonomía de gestión”.
Cualquier investigación penal en ese sentido estaría en manos de la Fiscalía, una vez se tenga esta información, que, paradójicamente, proviene originalmente de Colombia, pues la Superintendencia de Industria y Comercio proporcionó asistencia en las investigaciones adelantadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Las investigaciones de la Superintendencia
Por ejemplo, la Superintendencia, en cabeza de Pablo Felipe Robledo, ordenó en 2017 a la Agencia Nacional de Infraestructura terminar el contrato con el Consorcio Ruta del Sol, donde Episol, controlado por Corficolombiana como accionista único, tenía el 33% de las acciones.
En septiembre de 2018, la misma Superintendencia formuló cargos por soborno, conflicto de interés y contratos clandestinos a varias empresas, incluyendo a la constructora Norberto Odebrecht, Corficolombiana, Episol y el grupo Aval, además del mismo José Elías Melo y el hijo de Luis Carlos Sarmiento Angulo, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez. Asimismo, se compulsaron copias a la Fiscalía, que posteriormente cesó cualquier investigación contra los demás implicados distintos a Melo.
En 2020, ya con Andrés Barreto como superintendente, se impuso multa a Corficolombiana, Melo, la constructora Norberto Odebrecht, entre otros agentes de mercado y personas naturales, y se volvió a comunicar la decisión a la Fiscalía. El grupo Aval no hizo parte de la lista de sancionados.
En 2021 se rechazaron solicitudes de nulidad de esas multas, se confirmó la sanción y se volvió a enviar el tema a la Fiscalía.
Decisiones dependen de la Fiscalía
Pablo Felipe Robledo, en diálogo con Colprensa, dijo que a estas alturas la Superintendencia de Industria y Comercio no tiene nada más que hacer, sino que le corresponde a la Fiscalía actuar, no solo cuando llegue la información de Estados Unidos, sino con la que tienen actualmente, "con testigos del caso, computadores, teléfonos y pruebas que deben buscar en todo lado".
“Ese cuento de que en el grupo Aval solo Melo participó no se lo cree nadie”, dijo Robledo. “Vaya usted y pida un crédito al Banco de Bogotá, de Sarmiento, a ver cuánta gente se entera: uno tiene que aprobar, uno tiene que desembolsar, otro tiene que verificar que usted pague”.
En Colombia no existe la responsabilidad penal de las personas jurídicas o empresas, le explicó el abogado Francisco Bernate a Colprensa. Por tanto, solo se puede procesar penalmente a personas o grupos de personas.
Es decir, si Corficolombiana ha sido encontrada culpable, lo que la justicia colombiana debe investigar es quiénes, además de su representante legal, tuvieron que ver con sus actividades corruptas, y esa es una deuda que sigue pendiente en la jurisdicción penal.
La tesis según la cual Melo es el único al que se le puede señalar, como dijo Gabriel Jaimes, se sostiene solo si actuó solo, corroboró Bernate.
No obstante, en este punto, al menos seis años desde que estalló internacionalmente el escándalo de Odebrecht, esa postura entra en contradicción con lo que han revelado las investigaciones e incluso el mismo ente acusador: hubo un sofisticado esquema de sobornos que penetró toda esfera de poder donde llegó, incluyendo a Colombia. José Elías Melo difícilmente hubiera podido coordinar solo toda la complejidad del entramado.
Las tareas pendientes
La deuda es con la verdad y la justicia, pero también con el fallecido Jorge Enrique Pizano, el auditor que Aval contrató para revisar los contratos de la Ruta del Sol 2 y que dijo que el conglomerado de Sarmiento ya sabía de los contratos falsos y sobornos. Pizano alertó de ello a Néstor Humberto Martínez, quien en ese momento era asesor del grupo Aval y posteriormente fue fiscal general.
Martínez ha negado que en el momento en que recibió la información de Pizano hubiera cómo confirmar las coimas advertidas por él, aunque después las terminaron confirmando las investigaciones. Incluso, dos de los nombres mencionados por Pizano están entre los 55 llamados a imputación recientemente por el fiscal Jaimes.
Siga leyendo: Colombia ya tiene ley que protege a las víctimas de los biopolímeros
Uno es Luis Bernardo Villegas, a quien la Fiscalía de Martínez había interrogado sin concluir en nada, quien recibió un soborno de más de nueve mil millones y fue lobista en la ANI para aprobar uno de los otrosíes que luego se tradujeron en irregularidades del tramo Ocaña-Gamarra.
El otro es Édgar Chacón Hartmann, otro exfuncionario de la ANI, quien aparentemente recibió más de doce mil millones en un contrato falso.
Por ahora, solo queda esperar a que la información de Estados Unidos llegue a Colombia, para saber si habrá lugar a la reapertura de investigaciones. Sin embargo, el impacto mediático que ha provocado el reconocimiento de sobornos del Grupo Aval en Estados Unidos parece indicar que el caso Odebrecht, lejos de estar llegando a su fin, incluso para Aval, se mantiene cojeando.
Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinio
