Dabeiba y Apartadó fueron los municipios de Antioquia que visitó el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien aterizó ayer en Colombia para conmemorar los cinco años de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc.

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Su visita se da en medio de las alertas del partido Comunes por los riesgos de seguridad para los firmantes del Acuerdo, reciente atentado a los esquemas de protección del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación, Etcr, en Yarí, Meta, la negativa de los exFarc en reconocer esclavitud durante secuestros y los reclamos del Gobierno por incumplimientos de los excombatientes.

A su llegada, Guterres dijo que esta es su primera visita de campo postcovid-19 en el mundo, “para demostrar mi enorme admiración por el pueblo colombiano”.

Luego de la visita a Dabeiba, se llevó a cabo la conmemoración en las instalaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, con participación de la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UPBD).

En el evento también participarán el expresidente Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño, último comandante delas extintas Farc-EP, así como un grupo de víctimas.

Previo a este evento, el Gobierno presentó ayer a la comunidad internacional los avances de su gestión, destacando también la lucha contra el narcotráfico, por la violencia que genera en las zonas afectadas por el conflicto.

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“La paz no será completa si no acabamos con el narcotráfico, y en ello la cooperación internacional es clave. Ese es el enemigo que acabó la felicidad de millones de hogares y ha hecho gran daño al país”, dijo la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez.

Guterres estará por dos días en Colombia por invitación del presidente Duque, quien lo acompañará hoy en el recorrido por el Etcr de la vereda de Llano Grande, en Dabeida, y posteriormente en la entrega de un Centro de Desarrollo Infantil en Apartadó.

Los líderes de las exFarc han expresado su interés de dialogar con Guterres para denunciar la falta de garantías de seguridad para los firmantes, el asesinato de 290 excombatientes desde 2016, año en el que se firmó lo pactado en La Habana, y el reciente atentado en Yarí, Meta.

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Pero coincide con los llamados que la JEP le ha hecho a los líderes de Comunes para que respondan con verdad sobre los delitos cometidos durante el conflicto armado y sobre graves denuncias, como la de esclavitud de secuestrados.

Ayer, Rodrigo Granda aseguró que no reconocerán tal acusación y en respuesta lanzó otra polémica afirmación: “Si alguna de las personas que estaban en retención decía que se sentía aburrida y que quería trabajar, se le permitía, pero no era que fuera una obligación”

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