Los datos de Medicina Legal -que si se dejan ahí se vuelven más gélidos que las neveras de la morgue-señalan que hasta julio de este año en Cúcuta han ocurrido 145 homicidios que corresponden al 45,5 por ciento de las 318 muertes violentas registradas en el departamento, hasta el séptimo mes del año.

A la estadística criminal hay que sumarle la masacre, el sábado, de cuatro personas en un barrio cercano a la Central de Transportes, y que en el conteo que  lleva la oenegé no gubernamental Indepaz, es la cuarta sucedida en la ciudad en lo que va de 2022, para un total de 13 víctimas.

Delicada tarea le espera al recién designado comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, el coronel Juan Carlos Restrepo Moscoso, para el desarrollo de las directrices de la seguridad humana en esta zona del país, impactada por tantos factores de inseguridad y conflictividad.

El microtráfico en las comunas y barrios, aparte de incidir fuertemente en la proliferación del consumo de estupefacientes, lleva consigo la ‘guerra’ para el control de áreas por parte de las bandas que manejan el ‘narcomenudeo’. 

La ciudadanía les exige a los cuerpos investigativos un trabajo a fondo para aclarar este asesinato múltiple, en el que se resalta la facilidad de desplazamiento de los que pudiéramos denominar ‘escuadrones de la muerte’, que en este caso generaron pánico y zozobra en Pueblo Nuevo.

Esta particularidad de que  lleguen varios atacantes armados es una réplica de los asaltantes motorizados en manada que cometen atracos, como el de los diez que se alzaron con un botín de $40 millones en Villa del Rosario.

Como dijimos antes, las estadísticas, el modus operandi, acontecimientos como el de un enfrentamiento a bala en pleno centro la ciudad entre microtraficantes, la influencia nefasta que gravita sobre Cúcuta por el narcotráfico, el conflicto armado en el Catatumbo, la delincuencia en la frontera y las debilidades del sistema hay que sopesarlas para redefinir las acciones en inteligencia y operatividad.

El elemento de elevar las capacidades para atajar el crimen pasa, necesariamente, por la acción preventiva,  para cerrarle el paso al mercado ilegal de armas, las cuales hasta se alquilan. Tras ese negocio hay que ir para desmantelarlo y cortar sus líneas de abastecimiento y desbaratar sus estructuras.

Tendrá  que darse un revolcón en los planes contra  las organizaciones delincuenciales en la ciudad, que como se está viendo ahora son ‘multicrímen’, porque manejan microtráfico, pero también asaltan y cuentan con pistoleros para ajustar cuentas o sicariar víctimas por contrato y se nutren de otras economías ilegales, como la trata de personas y el contrabando y extorsión.

Ese último aspecto en el que también últimamente se han visto golpes contra los lavadores de activos tiene que ser ahora un asunto de alta prioridad para romper una poderosa línea de financiamiento de la criminalidad local.

Lo cierto es que la labor policial en Cúcuta y el área metropolitana debe ceñirse al derrotero dado para toda la institución en Colombia por el director nacional, general Henry Armando Sanabria, en el sentido que la  seguridad humana se concentrará en la preservación de la vida, a través de la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, la reducción de los índices de criminalidad, la lucha contra el cibercrimen, la protección de los líderes sociales, el cuidado del medioambiente, la cercanía con las comunidades y el fortalecimiento de la transparencia policial.

Ojalá que ahí esté la fórmula frente a esta desafiante inseguridad que acosa y atemoriza a la más importante ciudad de la frontera colombo-venezolana.

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