El Malecón está hoy de boca en boca entre la ciudadanía por la adjudicación de las obras por $8.669 millones para la rehabilitación, remodelación, construcción y embellecimiento del espacio público en esa zona de Cúcuta.

Para que su mensaje ético de diafanidad y pulcritud en el manejo y contratación de los recursos públicos no tenga mancha alguna, el alcalde Jairo Yáñez debería esperar los resultados de las investigaciones.

Este no es un proyecto de características urgentes sin cuya pronta ejecución se pongan en riesgo la vida o la estabilidad de alguna infraestructura de alto impacto.

Aquí se debe pedir es la intervención urgente y preferente de la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía para que a la luz de la ley despejen las dudas y tomen las decisiones desde sus respectivas órbitas.

Haciendo valer el interés general que es el de todos los habitantes de la capital de Norte de Santander, la justicia administrativa podría darle trato de urgencia a este caso, en atención a que hay jurisprudencia del Consejo de Estado.

El detalle aquí se refiere al Registro Único de Proponentes, puesto que la persona natural que hace parte de la unión temporal que ganó el proceso no lo tenía vigente al momento en que se hizo la adjudicación.

Sería bueno, incluso, acudir ante la propia Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente, para conocer su concepto basado en las leyes y la jurisprudencia sobre lo ocurrido específicamente con este proceso licitatorio.

Porque hay que dejar muy claro desde los estrados todos los momentos en que rige el Registro de Proponentes dentro de las etapas licitatorias, y adoptar un mecanismo para que su renovación obligatoria se haga en las fechas determinadas.

¿Un participante sin RUP en vigencia al momento de la adjudicación es posible que se gane una licitación? Eso es algo que los especialistas desde sus respectivas instancias determinen para que la transparencia sea la regla y no la excepción.

Sobre la extemporaneidad para la renovación de ese requisito, el Consejo de Estado ha advertido que “el incumplimiento de renovar el RUP en el período trae como consecuencia la creación de efectos respecto de la información certificada y, por contera, la falta de vocación como plena prueba para acreditar el cumplimiento de los requisitos habilitantes del proponentes”.

Y siguiendo con las preguntas: ¿Esos casi $9.000 millones no era mejor haberlos dedicado a otras cuestiones de alta prioridad ciudadana?

Por ejemplo. Ir a tapar más huecos en las calles. O usar esa plata como cofinanciamiento junto con la Gobernación y el Ministerio de Trabajo para un plan de emergencia contra el desempleo. O qué tal ese dinero para subsidiar el pasaje estudiantil. O para reforzar la seguridad, que es lo que incluso necesita El Malecón.

Porque de verdad que la obras en los andenes en ese punto de la ciudad no muestran una real consistencia con las prioridades de desarrollo de la población que en Cúcuta tiene otras necesidades más urgentes para ser solucionadas de inmediato, que el millonario embellecimiento de ese lugar.

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