Como las deudas por parte de las EPS son la enfermedad endémica que agobia a los hospitales y clínicas de Norte de Santander y en general del país, la primera medicina que se debe aplicar es subsanar esa vena rota para que en una eventual reforma o reestructuración del actual sistema de salud, este mal no se vaya a colar y siga gravitando peligrosamente.

Las cifras que les deben son monumentales y el riesgo para su estabilidad está ahí latente, mientras hay que seguir atendiendo a los pacientes de los regímenes contributivo y subsidiado y, además, a los migrantes, mientras las obligaciones crecen y los deudores persisten en incumplir los pagos.

Así como el gobernador Silvano Serrano encaró durante la audiencia sobre la reforma de la salud al presidente de la Nueva EPS por el dineral que les debe a las IPS de la región, hay que hacer lo mismo con las demás intermediarias que no han girado y la acreencia crece  y crece como la espuma.

Es que ya asciende a $680.000 millones el monto que las llamadas Entidades Promotoras de Salud (EPS) les están adeudando a las IPS en esta parte del país, cuantía que ha venido creciendo a lo largo del tiempo, puesto que los abonos que se hacen son muy bajos y los acuerdos de pago siempre son incumplidos.

A esto hay que encontrarle una solución inmediata, puesto que una región como la nuestra que soporta múltiples situaciones adversas de desigualdad, violencia, desempleo y llegada de migrantes en búsqueda de atención hospitalaria, ha hecho sacrificios que hoy es necesario compensar al menos girándole sin rodeos ni excusas el dinero por los servicios prestados a los pacientes.

Tanto que se habló de ponerle ‘dientes’ a la Superintendencia de Salud con el fin de procurar que ese mal de la deuda se superara pero esto nunca  ocurrió y continuamos asistiendo a hechos tan delicados como que las EPS se liquidan y la deuda con los hospitales ‘muere’, dejando ahí un problema de enorme gravedad.

Frente a lo expuesto por la ministra de Salud, Carolina Corcho, que fue testigo de la dura realidad nortesantandereana expuesta  en la audiencia pública, hay que tomar con pinzas lo dicho por ella de que hay un compromiso por parte del Gobierno Nacional de girar el 50% de los pasivos que hoy tienen en aprietos a los hospitales públicos del país.

En el departamento estamos acostumbrados a que nos hagan promesas de toda clase desde las entidades gubernamentales, que luego terminan en nada, o en realidad se convierten en intrincados trámites en los que se exigen toda clase de soportes, para finalmente terminar en un callejón sin salida.

La clase parlamentaria nortesantandereana tiene aquí una misión para ver qué tan real va ser el compromiso de que ese pasivo se gire, como lo aseguró la ministra Corcho, luego de que  fuera consensuado con el ministro de Hacienda y “se asume como una manera de reparar las pérdidas y los daños sufridos durante tres décadas dentro del sistema, de girar ese 50 por ciento de los recursos que deben a estas instituciones”.

Pero también el esquema que se vaya a instalar para el nuevo manejo de la salud, debe quedar protegido lo suficiente con el fin de que el dinero fluya sin trabas ni inconvenientes, porque  todos sabemos que hay requerimientos urgentes para que los presupuestos puedan ejecutarse en la adquisición de insumos, pago de nómina de profesionales y mejoramiento de instalaciones y capacidad para la atención de los usuarios.

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