Con más de 2,4 millones de venezolanos viviendo en Colombia, producto del gran éxodo del vecino país, los asuntos relacionados con los migrantes se volvieron inherentes a nuestra sociedad, y mucho más por la hermandad y convivencia entre los dos países.

Por eso, en los últimos días una serie de hechos movieron los sentimientos en una especie de montaña rusa, subiendo algunos de ellos el ánimo, pero al segundo otros desplomaron esa positiva sensación. 

Para quienes en Norte de Santander o en Bogotá, que es donde más migrantes hay, resultó sorprendente lo ocurrido en Estados Unidos, donde el gobernador republicano de La Florida envió a cerca de medio centenar de venezolanos y algunos colombianos a una lujosa isla gobernada por demócratas, en desarrollo de un juego político con los migrantes.

Al ver eso, se acordaba uno cuando en plena crisis migratoria venezolana, el gobierno estadounidense casi que nos ordenaba acogerlos y después nos aplaudía por la hospitalidad con los recién llegados.

En contraste con ese hecho, aquí en Colombia se dio la orden por parte de la Corte Constitucional a entidades como el Ministerio de Educación para que les permitan a los venezolanos identificarse para sus trámites, con pasaportes vencidos, pero con el sello de ingreso y permanencia.

Sin embargo aparece después en el panorama un pasaje que podría tomarse como una debilidad en la política migratoria, cual es el de la criminalidad desatada por organizaciones llegadas desde el territorio vecino.

Tenemos al Tren de Aragua, banda que ahora es una de las más peligrosas en la capital colombiana y cuyo arribo se facilita, primero por la oleada de migrantes y, segundo, ‘ beneficiada’ por el rompimiento de relaciones.

Detractores podrán decir que ese fue el gran lunar de esa política de acogida a quienes han huido, por diversas razones, del territorio venezolano.

Hay razones de peso para exigir, de manera urgente un esquema bilateral moderno y contundente de intercambio de información judicial, porque no puede permitirse más que nuestra hospitalidad siga siendo usada por la delincuencia para esconderse y hacer de las suyas.

Es interesante anotar lo expuesto por el Observatorio Venezolano de Violencia, sobre como la crisis económica afecta al crimen y por eso muchos miembros del Tren de Aragua “se unieron a la vorágine migratoria, porque allá no había dinero para pagar un secuestro”.

La inmadurez colombiana y la urgencia de atender a esa marejada incontenible, no permitió advertir ni leer a tiempo que organizaciones criminales vieron en la migración un ‘negocio’ y una línea para expandirse por varios países latinoamericanos.

Y cuando la montaña rusa nos tiene la preocupación acelerada, llega la refrescante noticia para los colombianos que hace muchos años migraron a Venezuela y ahora tienen raíces allí.

Muy pronto ellos podrán volver a tener contacto con autoridades de nuestro país en los consulados de Caracas, San Cristóbal, Puerto Ayacucho, Maracaibo y Puerto Ordaz, poniendo fin a las complicaciones que han sufrido en medio de esta crisis de siete años.

Nada fácil resulta todo lo relacionado con las migraciones en el que todos los días se aprende y en donde a cada instante surgen sorpresas, y en el que debe entenderse que los territorios de acogida debieran contar con más respaldo puesto que sus problemas se multiplican y no pueden descuidar a su población cargada de necesidades insatisfechas.

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