Este año ya se encuentra en su etapa final y nos aproximamos a un electoral 2022, en el que la agitación política en Colombia con miras a los comicios para elegir congresistas y presidente de la República acapararán, sin duda alguna, la atención nacional e internacional.

En ese camino hacia las urnas y para diafanidad de este proceso democrático, es fundamental que se aclare lo relacionado con el censo electoral colombiano, máxime si recordamos que ese elemento provocó roces y un fuerte cruce de declaraciones entre el director del DANE y el registrador nacional.

El tufillo que dejó ese desencuentro es el mismo que perciben los colombianos, de que los muertos estarían votando, porque no se ha producido o es muy lenta o irreal la depuración del censo electoral y así evitar las maniobras fraudulentas contra el derecho a elegir y ser elegido.

Ningún beneficio se le hace a la democracia que dichas inconsistencias persistan, porque  ahora que estamos en el mundo del ciberespacio, se creería que estas labores resultarían más fáciles y eficientes, porque al existir la intercomunicación informática la organización en los procesos sería óptima.

Pero teniendo solo en cuenta este último precedente mediático, en que los dos funcionarios discreparon y prácticamente que admitieron que hay procedimientos que no andan bien, podemos concluir que las advertencias de un posible fraude, no son simples maniobras opositoras sin fundamento, sino una amenaza real latente.

Esa inquietud quedó latente entre los colombianos, porque quienes sostuvieron la discusión no son de orillas contrarias, tampoco  son ajenos al Estado y son conocedores de la información que manejan, hecho que entonces tiene que llamar  a que instituciones como la Procuraduría y la misma Fiscalía estén muy atentas a las acciones que se dispongan y para que la inacción no sea el capítulo final de este llamativo encontronazo.

Hay que ahondar sobre esa gran diferencia entre el censo del DANE que señala una población de 50 millones de habitantes y los datos del registro civil que indican una cifra de 55 millones de colombianos. Nada menos que se trata de una diferencia de cinco millones de personas.

Como si fuera poco, los funcionarios que se enfrascaron en el duelo conceptual y de datos, produjeron más confusiones que aclaraciones, cuando cada uno por su parte entregó más declaraciones sobre el caso.

Por un lado, Juan Daniel Oviedo, encargado del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, habló de 3’600.000 personas que murieron desde 1965 y que, probablemente, siguen en las bases de datos de la Registraduría.

Si eso así, la gran inquietud de los muertos votantes sigue muy viva y debe ponérsele oído al tambor, porque de lo contrario o la gente irá  a votar con tal desconfianza que podría llegarse al extremo de no reconocer los resultados o provocar la desazón y que los potenciales electores prefieran no salir a las urnas.

Y el otro gran malestar lo produjo el registrador  Alexander Vega cuando al contestar algunas inquietudes  dijo: “el que no sienta garantías, no debería presentarse”. Esa clase de afirmaciones no son las adecuadas para un debate válido sobre las  garantías para la participación en un par de elecciones tan importantes a las que asistiremos los colombianos el año entrante.

La gran decisión aquí debe de ser la de depurar -realmente- el censo electoral, incluyendo un mecanismo o un programa que garantice su efectividad, pero a su vez generando la confianza a los partidos y movimientos políticos, a los candidatos y a los votantes de que habrá posibilidades ciertas de alejar el fantasma del fraude electoral.