La temporada navideña es reservada para el disfrute en familia y una buena época para salir de viaje o de paseo aprovechando que es una larga jornada vacacional. Sin embargo, estos tiempos no pintan color de rosa y, por el contrario, están cruzados por inconvenientes diversos.

Un invitado al que nadie llamó y que en los últimos meses ha provocado estragos en Colombia y Norte de Santander, como el invierno, ha dejado huellas indelebles y su amenaza se cierne sobre las fiestas decembrinas que los organismos especializados no descartan que estén pasadas por agua.

El otro invitado que tampoco estaba en el libreto y del que hay que cuidarse, es la COVID-19, pues nuevamente hay alertas en el país por el repunte de casos.

La naturaleza le sigue enviando mensajes tanto a la ciudadanía como a los gobernantes en el sentido que no pueden seguir dándole la espalda o manejar lo relacionado con la gestión de riesgos y desastres como una cuestión pasajera, coyuntural o como por salir del paso.

Ahora estamos ante un asunto estructural que tiene que ser considerado como elemento transversal en la toma de decisiones y en la elaboración de las acciones a seguir, puesto que de lo contrario el resultado podría terminar siendo de alta complicación.

Acabamos de asistir a la presentación del Plan de Seguridad de Navidad para Norte de Santander, en el que ni siquiera se mencionó una sola palabra sobre la vigilancia preventiva de los organismos de socorro a las cuencas, laderas y sitios que pudieran presentar peligro para los pobladores, en la eventualidad que ocurran torrenciales aguaceros.

Aquí entonces se deberían emplear un par de vocablos más acordes a lo que estamos enfrentando para hablar de la ‘seguridad integral’, pues aunque la lucha operativa contra la delincuencia en sus facetas es necesario reforzarla en estos tiempos, tampoco es menos cierto que el nuevo elemento de desestabilización también requiere ser monitoreado.

En ese sentido es indispensable que se escuche por parte de la administración departamental la notificación de los habitantes de los pueblos de occidente: Salazar de las Palmas, Cucutilla, Arboledas, Santiago y Lourdes, cuya red secundaria y terciaria está colapsada como consecuencia de las lluvias y los deslizamientos.

Este clamor, lo referenciamos, porque es el más reciente de toda la cantidad de peticiones desde todos los rincones nortesantandereanos que enfrentan problemas de comunicación vial por la destrucción de los caminos, en un hecho que reclama planes de inversiones de emergencia para enfrentar esta crisis.

La alta saturación de los suelos en todo el departamento está ocasionando el desprendimiento de taludes y material de arrastre, lo que mantiene bloqueado el paso vehicular, además de las pérdidas totales y parciales en varios tramos viales y en cultivos de pan coger, aparte de las peligrosas remociones de tierra en Villa Caro y Cáchira, por ejemplo.

A sabiendas de todas esas dificultades que llevarán a una Navidad y un Año Nuevo con evidentes inconvenientes para un gran número de familias, sería oportuno que la administración departamental le planteara al Gobierno Nacional que entendiendo la alta vulnerabilidad que en todos los órdenes sufre la región, defina un plan de emergencia de inversión de aplicación inmediata.

La prueba está en que estos aguaceros han llevado a dejarnos incomunicados con el resto del país y a ser un departamento que en 2010 vio destruirse a Gramalote por efectos invernales y que hoy ve a otros municipios y barrios cucuteños estar bajo la amenaza de los efectos del cambio climático. Luego hay argumentos para reclamar un contundente apoyo.

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