La Procuraduría General de la Nación encendió ayer las alertas por la injerencia que están teniendo los servidores públicos en la contienda electoral que está en marcha, pese a los reiterados llamados de atención hechos por parte del ente de control para garantizar el equilibrio y transparencia en el certamen democrático.
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De acuerdo con el Ministerio Público, ya son 2.130 las quejas que se han recibido en esa entidad por presuntos delitos electorales en los que estarían incurriendo los funcionarios vinculados a dependencias oficiales.
Hasta el pasado primero de octubre, la Procuraduría recibió 375 quejas de ciudadanos contra funcionarios públicos, 337 contra funcionarios elegidos popularmente, 75 contra miembros de la Registraduría y 9 de la organización electoral.
La titular de la entidad, Margarita Cabello Blanco, dijo que le preocupa que del total de quejas recibidas 601 (casi el 30%) tienen que ver con una indebida participación en política.
Me preocupa porque es precisamente en esto en lo que más hemos insistido desde la Procuraduría.
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La inquietud de Cabello también fue reforzada por la Misión de Observación Electoral (MOE) que en la Octava Comisión Nacional de Seguimiento Electoral para las Elecciones de Autoridades Locales 2023 presentó un informe sobre las irregularidades electorales que se vienen presentando en medio de la contienda y que han sido reportadas a través de la plataforma Pilas con el Voto.
Según la veeduría, hasta el 9 de octubre se habían consolidado 1.194 reportes, de los cuales 370 (31%) fueron por: uso del cargo para participar en las actividades de los partidos y movimientos políticos y en las controversias políticas y hacer uso del empleo para presionar a particulares o subalternos a respaldar una causa o campaña política o influir en procesos electorales de carácter político partidista.
Otras 288 denuncias corresponden a presuntas irregularidades en la publicidad y uso de medios de comunicación para divulgar campañas y 172 más por aparentes “irregularidades en el voto libre”.
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“Para la MOE, es importante que, haciendo uso de la facultad preventiva, el Ministerio Público realice advertencias y acompañamientos, particularmente a las administraciones municipales, en las que se encuentran los funcionarios y autoridades con mayor número de menciones en los reportes, en lo que se refiere a la utilización del espacio público e instalaciones públicas para el uso por parte de campañas para realizar proselitismo político. Asimismo, que se socialicen los lineamientos relativos a las prohibiciones de participación e intervención en política que estos cargos tienen, establecidas en la normatividad vigente”, manifestó Camilo Mancera, coordinador de Justicia Electoral de la MOE.
