Un grupo conformado por 300 familias invadió los terrenos aledaños a la institución educativa Normal Superior nuestra señora de las gracias de la Torcoroma, en la vía que conduce hacia la granja El Algodonal de la universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña.
Moradores de la zona reportaron la presencia de varias personas levantando cambuches, demarcando las áreas verdes y preparando los alimentos en improvisados fogones.
El Ministerio Público, la Alcaldía y policía se trasladaron hacia el sitio para levantar un diagnóstico con el fin de buscar soluciones conjuntas ya que ese tipo de ocupaciones están prohibidas a nivel nacional.
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Las directivas de la institución educativa manifestaron que los destechados están muy cerca del colegio y en conversación con la secretaria de Educación departamental, Ludy Páez Ortega, se tomó la decisión, por razones de seguridad, de suspender las actividades académicas. Son 1.200 estudiantes que no han podido asistir a clases, mientras avanzan las negociaciones.
Las invasiones son ilegales
El secretario de Gobierno municipal, Jaime Velásquez Salamanca, señaló que se han hecho los acercamientos, pero los voceros no han querido aceptar las condiciones. “Únicamente existe la posibilidad del retiro voluntario, mientras se organiza una asociación para formular un proyecto de vivienda de interés social ante el ministerio del ramo”, explicó.
Sin embargo, los cuatro negociadores se levantaron de la mesa y no están de acuerdo con esa propuesta. Aseguraron que permanecerán en el sitio.
“Nosotros buscamos alternativas en el marco de la legalidad, activando unas mesas técnicas de trabajo para obtener el lote. Se les habló de un filtro real para definir aquellas personas que necesiten solventar el problema habitacional y no quisieron”, agregó.
El profesional del derecho manifestó que, con la presencia de la Personería, Defensoría del Pueblo, Procuraduría y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se agotan todos los mecanismos antes de ordenar desalojo de los terrenos.
Recordó que ese fenómeno se registra en Ocaña cada vez que hay elecciones para escoger a los mandatarios locales, factor aprovechado por los avivados para hacer negocio con las necesidades de la gente.
“Entre ellos uno de los voceros no vive en Ocaña, viene de Hacarí y es propietario de un predio bastante interesante en esa población como lo testifica un certificado catastral. Otros son de Santa Marta, Cúcuta, Labateca, Riohacha, Sabana de Torres y el resto de los municipios del Catatumbo.
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Vinieron a hacer ocupación de hecho, posiblemente acostumbrados a convertir en un negocio una necesidad. La intención no es recuperar el predio a la fuerza y si es necesario se procederá”, recalcó.
Detrás de un ranchito
La mayoría de los ocupantes señalaron que son desplazados por la violencia reinante en la zona del Catatumbo y están cansados de pagar arriendos.
La señora Yeiny Avendaño, procedente del municipio de Hacarí, está dedicada al transporte informal con una motocicleta para conseguir el sustento de sus cuatro hijos.
Fue lanzada por la propietaria de la vivienda, ya que no contaba con los recursos para pagar y espera que el alcalde solucione el problema, al igual que 80 mujeres cabeza de hogar.
El líder comunal Jesús Gutiérrez aboga por la defensa de esas personas y solicita a los organismos el respeto por los derechos humanos para lograr una salida negociada.
El invasor Geovanny Trillos dijo que la necesidad los ha llevado a tomarse pacíficamente esos predios subutilizados.
El alcalde de Ocaña, Samir Casadiego, ha intentado solventar la situación y propone la creación de una asociación, pero haciendo una depuración del listado de los invasores. “El Ministerio está interesado en apoyar los programas de viviendas en sitio propio y entonces se debe organizar la iniciativa para presentarla a nivel nacional”, reiteró.
Explicó que de ese filtro 94 viven en Ocaña, 40 tienen Sisbén de otro municipio de la provincia, 41 están sin registro, 8 no coinciden en número de cédula y 10 aparecen con predios y uno con cinco inmuebles en su poder.
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“Eso da a entender que existen muchos avivados y nosotros hacemos un acompañamiento desde la legalidad. Si no están de acuerdo con los ofrecimientos se procederá con los otros mecanismos”, puntualizó.
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