El Juzgado Segundo Penal municipal de Ocaña declaró improcedente la acción de tutela iniciada por el ocupante de la casa del deporte, Ramón Antonio Torres González, y deberá hacer entrega voluntaria del inmueble a la Gobernación de Norte de Santander.
El ciudadano había instaurado ese mecanismo popular en contra de la Alcaldía de Ocaña, Inspección Segunda de Policía y el gobierno seccional por la vulneración de los derechos fundamentales a la vida, a una vivienda, integridad personal y dignidad humana conforme a las razones expuestas en la parte motiva.
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Ante la negativa Torres González inició una huelga de hambre donde exige a la gobernación una compensación para abandonar la casona. “Estoy desesperado, no tengo a dónde ir, ya que es injusto el procedimiento cuando cuidé la casa durante 29 años”, exclamó.
La decisión
El Juzgado notificó la decisión a los interesados conforme a lo señalado en el Decreto 2591 de 1991. Si el fallo no fuere motivo de impugnación en firme envíese a la honorable Corte Constitucional para su eventual revisión de conformidad con lo ordenado por los artículos 86 de la Constitución Política de Colombia y 31 de Decreto 2591 de 1991.
Se ordenó igualmente levantar la medida provisional decretada dentro del auto admisorio del 11 de mayo de 2023 contra la inspección Segunda de Policía en la presente demanda de tutela.
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La diligencia hace parte del proceso de recuperación de todos los bienes inmuebles que adelanta la Gobernación de Norte de Santander, encaminada a la optimización de espacios para el funcionamiento de algunas dependencias y entes descentralizados.
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