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La bancada de la paz pone condiciones para aprobar el presupuesto de 2023

Los congresistas elegidos por las curules de paz le hicieron un llamado al Gobierno Nacional.

La próxima semana será sometido a votación el proyecto de Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2023 y desde ya los 16 representantes de las curules de paz anunciaron que se abstendrían de votarlo, si el Gobierno Nacional no mejora las condiciones para garantizar la indemnización de las víctimas del conflicto armado.


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El malestar de los congresistas que representan aquellas regiones más golpeadas por el accionar de los violentos radica en que el presupuesto que se discute actualmente no tuvo ninguna variación en la partida asignada para las víctimas el año pasado, y tampoco en relación con la que propuso el expresidente Iván Duque en el proyecto presentado en julio.

“Bajo el deber de representar los intereses de las víctimas, no podríamos explicarles cómo el presupuesto que se destina para ellos es igual al del gobierno anterior, si estamos en un gobierno distinto que se ha comprometido con la paz y con las víctimas”, expresaron los integrantes de la denominada bancada de la paz.

Durante una audiencia pública que organizaron para analizar cómo avanza en Colombia el proceso de indemnización a las víctimas y cómo acelerarlo después de 10 años de entrada en vigencia de la Ley 1448 o Ley de Víctimas, los representantes fueron enfáticos en que esperan un verdadero compromiso del presidente Gustavo Petro con este sector de la población.


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En ese sentido, expresaron que la propuesta es que el presupuesto destinado a las indemnizaciones administrativas, equivalente a $1,2 billones al año, “al menos” se duplique.

“Para que esto sea posible pediremos partidas adicionales en el Presupuesto General de la Nación, en el Presupuesto Bienal de Regalías, al igual que unos $300.000 millones de nuevo recaudo, proveniente de la reforma tributaria”, plantearon los legisladores.

 

El vocero de la bancada, el representante de la curul de paz del Catatumbo, Diógenes Quintero, fue enfático en que tanto él como sus compañeros llegaron al Congreso de la República para que la política pública de víctimas realmente funcione y que en esa medida sus representados no les perdonarían que en cuatro años la situación para ellos siga igual.

De los más de 9 millones de víctimas del conflicto armado en Colombia tan solo se ha indemnizado al 10%. No podemos aprobar un presupuesto que no signifique acelerar el ritmo de reparación a este sector de la población. A las víctimas hay que indemnizarlas ya, no podemos esperar más décadas”, consideró el congresista nortesantandereano.


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Teniendo en cuenta este panorama, los 16 representantes decidieron condicionar su apoyo al proyecto de presupuesto a que se garantice un verdadero compromiso con los afectados por el conflicto y este se traduzca en una mayor celeridad en el pago de las reparaciones.

Para los congresistas, es necesario también que se establezca una regla que le dé prioridad al pago de las indemnizaciones de las víctimas procedentes de los municipios PDET, pues consideran que son ellos quienes han tenido que enfrentar con mayor crudeza las consecuencias de la guerra.

Recientemente, la directora de la Unidad para las Víctimas en Norte de Santander y Arauca, Johanna Gelvez Ascanio, entregó un balance del trabajo hecho por esa entidad durante el gobierno del anterior presidente Iván Duque y señaló que durante ese periodo alcanzaron a entregar unos $100.000 millones para reparación individual que beneficiaron a cerca de 10.000  víctimas de la región.

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Sábado, 1 de Octubre de 2022

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