Avances en la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), pero lentitud en la entrega de los 3 millones de hectáreas que se deben adjudicar a campesinos, según el acuerdo de paz, encontró la procuradora General, Margarita Cabello, quien presentó ante el presidente Iván Duque, el tercer informe sobre el Avance de la implementación del acuerdo de paz, a pocos días de cumplirse cinco años de su firma.
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En el encuentro, la funcionaria evaluó los avances en cada uno de los puntos que componen el acuerdo de paz: reforma rural integral, participación política, fin del conflicto, drogas ilícitas y víctimas, enfatizando que se requiere un trabajo articulado, armónico y enfocado en la defensa de los derechos humanos, para avanzar en su implementación.
En lo referente con la reforma rural integral, la Procuraduría aseguró que se ha avanzado en el programa de implementación PDET que, se han emitido de 7 de las 16 hojas de ruta únicas para la implementación del PDET.
No obstante, evidenció que hay 7 mil iniciativas PDET con ruta de implementación activada, que no cuentan con criterios para definir su cumplimiento. Así mismo, que no se cuenta con un sistema de información público para conocer los avances y los montos invertidos en cada iniciativa.
Por lo anterior, la Procuraduría recomendó fortalecer la articulación del PDET con otras agendas de planeación, en particular las relacionadas con reparación y sustitución de cultivos, además que se cuente con un sistema de información público para conocer los avances.
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En este mismo punto, en relación al acceso y uso de la tierra, se encontró que un 29% de 7 millones de hectáreas contempladas en el acuerdo de paz, han sido formalizadas, pero solo el 0,3% de 3 millones de hectáreas que se prevé adjudicar a campesinos han sido entregadas.
El ministerio público aseguró que se tiene que mejorar el acceso a tierras por parte de campesinos y demás beneficiarios de la reforma Rural Integral.
En el segundo punto, referente a la participación en política, la entidad encontró que se continúan presentando retrasos en su implementación, en especial en lo relacionado con reformas normativas de Garantías y promoción de la participación de organizaciones y movimientos sociales, Movilización y protesta social, Reforma política y Ley del Plan Nacional de Desarrollo.
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En este punto recomendó impulsar desde el Gobierno Nacional el debate legislativo de dichas normas.
En cuanto al fin del conflicto, la Procuraduría reconoció que hay una mayor cobertura en los componentes de la ruta de reincorporación social y económica para más de 11.500 personas. Así mismo, que se han comprado 11 predios para la consolidación de 9 Antiguos Espacios Transitorios de Capacitación y Reincorporación (AETCR).
No obstante, aseguró que hay una necesidad de reforzar el seguimiento integral a los avances en la calidad de vida de las personas en proceso de reincorporación y sus familias, por lo cual recomendó caracterizar periódicamente a la población en proceso de reincorporación y ampliar las acciones de política pública por fuera de los antiguos espacios transitorios.
En cuanto a las garantías de seguridad, el ente de control destacó que se mantiene la violencia en contra de líderes sociales y personas en proceso de reincorporación.
Por lo anterior, recomendó generar mayor participación de las entidades territoriales para dar respuestas a esta problemática. Así mismo, desarrollar las estrategias de coordinación contenidas en el Plan de Acción Oportuna (PAO), para garantizar la protección del líderes, lideresas, defensores y defensoras.
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