Los cerca de dos mil taxistas que pertenecen a tres asociaciones que prestan sus servicios en Cúcuta desde hace 35 años se enfrentan a un dilema bien particular con las autoridades.
Los carros de estos conductores tienen todos los papeles en regla, SOAT, certificación de gases y técnico-mecánica, tarjeta de operación, personería jurídica, certificación de la DIAN y de la Cámara de Comercio, sin embargo, son perseguidos porque según la autoridad de transporte metropolitana prestan un servicio público no autorizado.
A la fecha, según Vidal Pita, subdirector de transporte del Área Metropolitana, este año se han inmovilizado 120 carros entre particulares y taxis de las tres asociaciones que transportan pasajeros hacia Atalaya, La Libertad y la Ciudadela Aeropuerto.
Aquí empieza el dilema de estos taxistas que afirman que están padeciendo una persecución sin cuartel y, por este motivo, unas dos mil familias que devengan el sustento del servicio que prestan ellos, corren el riesgo de no tener qué comer de continuar la inmovilización de carros.
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Jorge Iván Marín, presidente de la asociación de taxi de La Libertad, le dijo a La Opinión que esto que las autoridades están haciendo con el gremio que representa es personal, “porque se volvió en una persecución despiadada”.
Dijo que ante la ley siempre han sido legales y que en atención a esto ya cumplen 35 años de prestar servicio colectivo en aquellas zonas de la ciudad a donde no llega la buseta, “y si llega solo lo hace hasta las 6 de la tarde, después de esta hora somos nosotros los encargados de llevar la gente hasta las casas y por el mismo valor que pagan en el bus urbano”.
Marín dijo que han acudido a hablar con Pita para pedirle que libere los carros, pero no reciben una respuesta. “A nosotros se nos está violando el derecho a trabajar dignamente, esto nunca nos había pasado desde que estamos prestando el servicio. Desde las alcaldías de Manuel Guillermo Mora, pasando por las de Ramiro Suárez, María Eugenia Riascos, Donamaris Ramírez y César Rojas nunca nos pusieron barreras para trabajar”, dijo el líder de la Asociación de Taxi de la Libertad.
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Edgar Lizcano, conductor que completó 30 años en la asociación de taxi de La Libertad clamó a las autoridades que cesen la persecución. “Paren ya los atropellos, por favor, esta ciudad siempre ha liderado el índice de desempleo y entonces uno se pregunta, será que la alcaldía o el Área Metropolitana tienen empleo para dos mil taxistas”. Jesús Ramiro Boada, uno de los conductores afectados por la inmovilización del vehículo, reclamó justicia y le exigió al Área Metropolitana devolver los carros retenidos. “La inmovilización es arbitraria y viola el derecho al trabajo”, dijo.
Marín reveló que hay conductores que llevan inmovilizado más de dos meses. “El problema es que por cada día de parqueadero cobran 36.000 pesos, lo que aumenta el atropello contra el gremio por parte del Área Metropolitana”.
“Actuamos de conformidad con la ley”
Consultado el Secretario de Tránsito sobre si el servicio que prestan las asociaciones de taxi colectivo es legal, el titular de ese despacho Mayid Gene respondió que era ilegal la prestación del servicio que hacen.
En esto mismo coincide el subdirector de transporte del Área Metropolitana, Vidal Pita, quien aclaró que una cosa es que los carros sean legales porque pagan impuesto, tienen tarjeta de operación y la tarjeta de control al día, y otra que dejen de prestar el servicio de transporte para el cual fueron autorizados para prestar uno no autorizado, como es el caso de los colectivos.
Dijo que cuando llegó a la subdirección de trasporte no encontró ningún acto administrativo de la junta metropolitana ni de los alcaldes en los que se avalen que estuvieran vigentes permisos para estas asociaciones.
Dijo que autorizar esos permisos sería prevaricar, sería ir en contra de la norma.
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Pita reveló que a la fecha de acuerdo a las políticas del área metropolitana y de lo que nos exige la Superintendencia de Transporte, nosotros estamos combatiendo la informalidad y la ilegalidad. “Un vehículo de transporte individual tiene que hacer una prestación individual o de pasajeros que sean del mismo núcleo familiar, no colectivo”, dijo.
¿Por qué si son ilegales estos taxistas tienen terminales en el centro y en los barrios. Por qué no los combaten? A esta pregunta Pita respondió negando que tengan terminales.
Dijo que lo que hay son paraderos facultados por la ley y ello se implementó como una estrategia para descongestionar las calles de la ciudad. Lo que estamos buscando es que 2.000 carros dejen de estar circulando por la ciudad y más bien estén saliendo de puntos específicos.
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Pita señaló que lo que pasa es que se ha abusado por parte de los taxistas. Puso de ejemplo que en el paradero que hay en el Palacio Nacional se abusa con 20 carros, por eso le hemos solicitado a las autoridades de Tránsito que realicen los respectivos operativos e inmovilicen aquellos vehículos que estén por fuera de lo permitido. Cada paradero es para dos y tres carros, no de veinte, dijo Pita.
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