La Opinión
Suscríbete
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile

CDI de Cormoranes: el caso prescribió en la Contraloría y nadie responderá

Hace cinco años el ente de control abrió el proceso de responsabilidad fiscal y aunque hubo un fallo en contra de los investigados, este no tuvo efectos.

El tiempo terminó jugando a favor de la larga lista de investigados por la Contraloría General de la República en el sonado caso del CDI de Cormoranes y ninguno responderá  económicamente por los daños causados al patrimonio público con las irregularidades que rodearon este fallido proyecto.


Le puede interesar: ¡Pilas! Desde mañana cambia el sentido de importante calle de la Central de Transporte de Cúcuta


Tras cumplirse cinco años desde que el ente de control abrió el proceso de responsabilidad fiscal contra contratistas de obra, consultores, interventores, secretarios de despacho, así como los  exalcaldes  Donamaris Ramírez, quien arrancó el proyecto, y César Rojas, quien lo recibió, pero no lo terminó,  el caso prescribió.

“(…) el proceso no tenía decisión en firme y ejecutoriada, habiendo transcurrido un periodo de tiempo de cinco (05) años (contabilizando la suspensión de términos válida ordenada por el contralor general de la República por la pandemia Covid-19) y la prescripción de la actuación se materializó el pasado 29 de diciembre de 2023”, señala un aparte del auto No. URF2 269 del 16 de febrero pasado, conocido por La Opinión.

Y es que aunque la Contraloría profirió un fallo de responsabilidad fiscal el 23 de noviembre de 2023, es decir, un mes antes de la fecha límite para la prescripción del proceso, en el que se advertía que sí hubo daños al patrimonio del municipio por cuenta de las inconsistencias encontradas en la ejecución de los contratos suscritos para esta obra, los involucrados hicieron uso de los recursos a los que tenían derecho y el 25 de enero de este año la Gerencia Departamental Colegiada de Norte de Santander concedió algunas de las apelaciones que se presentaron.


Lea también: El Acueducto Metropolitano está listo, pero ¿por qué no arranca?


Al revisar el caso, en grado de consulta, la Unidad de Responsabilidad Fiscal, Contraloría Delegada Intersectorial No. 4 de la Contraloría Delegada para la Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo de la Contraloría General de la República, encontró que en este se configuraba “la ocurrencia de la prescripción de la responsabilidad fiscal”.

Sin más argumentos de hecho o de derecho, considera esta instancia que se configuró el fenómeno extintivo de la responsabilidad fiscal de la prescripción en la actuación sub examine y, en tal virtud, la parte resolutiva de esta providencia ordenará declarar la ocurrencia de ese fenómeno procesal en el Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal No. 2018-00751” dice el auto firmado por Alba Lucía Londoño Suárez, contralora delegada intersectorial No. 4.

Contraloría

Hace apenas unos días, durante su visita a Cúcuta, el contralor general en funciones, Carlos Mario Zuluaga, anunció que uno de los 92 procesos de responsabilidad fiscal que adelantaba la Gerencia Departamental Colegiada de la entidad era el del CDI de Cormoranes, por $5.110 millones, dinero por el cual ya nadie responderá.

Según el ente de control, durante la investigación se detectaron deficiencias en el estudio de suelos, geotecnia y aspectos normativos y técnicos de la obra que arrancó en diciembre de 2013, durante la administración de Donamaris Ramírez. Adicionalmente, no existieron indicaciones claras para mitigar los problemas encontrados en la etapa de exploración.


Lea también: Datrans Villa del Rosario enfrenta proceso disciplinario


“Por otro lado, no se proyectó el diseño y la construcción de algunas obras de control que permitan mantener el talud en condiciones de seguridad, ni mejoramiento del drenaje del caño que atraviesa la zona, existiendo presencia de suelos con espacios ocupados por agua, lo cual debilita el terreno. En cuanto a la ejecución de los contratos de obra, se observaron deficiencias en las columnas y las vigas que no cumplen con la separación de estribos en la zona de confinamiento y no confinamiento”, recordó el contralor en su paso por la ciudad.

En desarrollo de la actuación que adelantó la Contraloría se decretaron medidas cautelares con miras a garantizar el resarcimiento del daño al patrimonio, pero al prescribir el proceso todo queda sin efecto nuevamente.

Abogados consultados por La Opinión coincidieron en señalar que este tipo de decisiones ocurren por la “negligencia” de los investigadores que tardan años y años en evacuar un proceso, sin avanzar en el recaudo probatorio suficiente, impidiendo al final que se puedan resarcir los daños causados contra los recursos públicos.

Otros procesos en curso

Por este mismo caso, en mayo de 2023, el exalcalde Donamaris Ramírez fue cobijado con medida de aseguramiento en su residencia, por orden de un juez y como parte del proceso penal que se adelanta en su contra por estar incurso, presuntamente, en los delitos de prevaricato por omisión, en calidad de autor, en concurso material, heterogéneo y sucesivo; contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado en favor de terceros, en calidad de coautor.


Lea aquí: Incendio devora edificio de viviendas en España

Además de Ramírez, los otros imputados son: Irly Yesenia Sandoval Pacheco, quien ocupó los cargos de subsecretaria de despacho y subsecretaria de Contaduría Municipal, entre 2012 y 2015, y Jimy Galán Villamizar, secretario de despacho del Área Dirección de Fortalecimiento Corporativo. Jhon Freddy Maldonado Peñaranda y César Augusto Martínez Álvarez, representante legal de la Unión Temporal CDI y director de obra, respectivamente, quienes tenían a cargo la ejecución del millonario contrato.

Entre tanto, en septiembre del año pasado, La Opinión informó sobre un operativo que adelantó la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía en Cúcuta, con el fin de aplicarles medidas cautelares a unos bienes de los exalcaldes Donamaris Ramírez y César Rojas, por  la posible celebración indebida de contratos en la construcción del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) de Cormoranes.

En mayo de 2023, la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 4 sancionó al exalcalde Ramírez con la destitución y una inhabilidad general de nueve años para ejercer cargos públicos, al encontrarlo responsable de los cargos que le habían formulado en 2019, por haber desconocido, presuntamente, el principio de planeación de la contratación estatal, durante la elaboración de los estudios previos y la suscripción de las contrataciones mediante las cuales se construyeron las etapas I y II del CDI de Cormoranes, las cuales más adelante presentaron fallas estructurales que imposibilitan su funcionamiento.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion

Image
Lucy Araque
Lucy Araque
Viernes, 23 de Febrero de 2024
Premium-home
Patrocinado por:
Logo Empresas
Temas del Día