Norte de Santander ha recibido con optimismo, pero sobre todo expectativa, los diálogos de paz impulsados por el Gobierno con el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y el autodenominado Estado Mayor Central, que hace parte de la disidencia de las Farc, dada la importancia que representa para esta región el fin del conflicto que se ha librado por décadas.
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Sin embargo, el nuevo golpe que, por un lado, le acaba de dar a la mesa de diálogos el Eln, al anunciar que el proceso de paz entra en “abierta crisis” y que la delegación que los representa será llamada a consultas, y por otro la disidencia de las Farc, si se confirma que es la responsable del secuestro durante algunas horas de la directora territorial de la Unidad de Víctimas en Norte de Santander y Arauca, Judith Maldonado, ha puesto a tambalear la confianza de las comunidades en estos procesos.
Y es que aunque las partes han insistido en que la sociedad civil es el centro de las negociaciones de paz que se adelantan, no deja de resultar incoherente que la razón que argumenta la guerrilla para suspender unilateralmente las conversaciones sea el diálogo regional que se está promoviendo en Nariño por parte de la Gobernación de ese departamento y que tiene el aval del Gobierno Nacional, con el fin de buscar acercamientos con el grupo armado que permitan frenar las acciones violentas contra la población civil de la región.
“Al hacerse público tal montaje, disfrazado de diálogos regionales, el proceso entra en abierta crisis y nos vemos en la obligación de llamar a consultas a nuestra delegación. Sin ser de nuestra responsabilidad lo acontecido, los diálogos entre el Eln y el Gobierno Nacional entrarían en una fase de congelamiento mientras el Gobierno se disponga a cumplir lo acordado”, advirtió el grupo armado en un comunicado difundido el martes en la noche.
Para el Gobierno Nacional, la amenaza hecha por el Ejército de Liberación Nacional es responsabilidad de esa misma organización y conduce a generar “crisis innecesarias” que prolongan la confrontación armada y la violencia que sufren las comunidades, debilitando “la confianza de la sociedad colombiana en su voluntad de paz”.
“El Gobierno Nacional ha definido claramente como una de sus prioridades desarrollar la paz en los territorios. En este sentido, respeta y alienta las iniciativas que mandatarios locales lideran para proteger a la población y realizar transformaciones sociales”, señaló la delegación del Gobierno.
Ese debilitamiento de la esperanza en las posibilidades de alcanzar la paz es el que sienten las comunidades y los representantes de las organizaciones de víctimas, los defensores de derechos humanos y la dirigencia local en zonas como el Catatumbo.
Junior Maldonado, vocero de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), considera que si bien ellos solo esperan que los diálogos de paz que se adelantan actualmente con los diferentes grupos alzados en armas terminen bien, posiciones como la del Eln, de congelar el proceso de paz que ya completa seis ciclos, genera preocupación entre los habitantes del territorio, quienes esperan avances y no retrocesos.
“Hemos resaltado que el cese al fuego ha sido positivo, a pesar de los incidentes. Pero la decisión que toma el Eln, de congelar la mesa, llena de mucha alerta y preocupación a las comunidades, porque eso lo que hace es agudizar el conflicto en los territorios. Por eso, el llamado más importante que estamos haciendo es a que el Eln reconsidere su posición y que también se establezcan canales con el Gobierno Nacional en los mecanismos establecidos que están en la mesa”, manifestó el líder campesino.
Dijo que es fundamental dejar clara la voluntad de paz de lado y lado de la mesa, toda vez que los procesos de negociación se adelantan en un buen momento, pues las propias comunidades están planteando iniciativas para salir de la espiral de violencia, como la necesidad de avanzar en la sustitución de cultivos ilícitos.
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Diógenes Quintero, representante a la Cámara por las curules de paz, en representación del Catatumbo, recordó que, aunque lo del Eln puede resultar siendo otro incidente en el marco del proceso de paz que ya completa más de un año, sin duda, esto termina por afectar la legitimidad que requiere la mesa de diálogos entre los colombianos.
“Por eso, es importante que estos acuerdos parciales sean socializados con la ciudadanía, sobre todo en las regiones donde hay presencia y control del Eln”, dijo.
‘Ataque a la construcción de paz’
El otro hecho que los representantes de diferentes sectores piden no pasar inadvertido y sobre el cual exigen claridad del mecanismo de monitoreo y verificación que tiene tanto la mesa del Eln como la de la disidencia de las Farc, es el secuestro durante más de tres horas de Judith Maldonado, la directora de la Unidad de Víctimas en el departamento, por parte de hombres que se identificaron como integrantes de las Farc.
La situación se produjo cuando la funcionaria regresaba de La Gabarra, donde la entidad lidera un proceso de reparación colectiva con los afectados por el conflicto que ha sufrido la zona.
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Al respecto, Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar, reprochó lo ocurrido y dijo que esto es algo muy grave que demuestra que en el territorio todos están expuestos. “Si le ocurre eso a ella, que es una defensora de derechos humanos reconocida, que dirige una institución humanitaria, dedicada a la defensa de los derechos de las víctimas y sus procesos de reparación individual y colectiva, qué más se puede esperar. Qué puede esperar un presidente de una junta de acción comunal, un defensor o defensora de derechos humanos que hacemos trabajo en la región, que acompañamos a las comunidades”, planteó.
En ese sentido, consideró que con este tipo de acciones se le está enviando un mensaje muy “desalentador, negativo y frustrante” a las comunidades que están sufriendo en carne propia la guerra.
Por eso, insistió en que el centro de las decisiones que se toman en la mesa de diálogos debe ser la protección a la población civil, a las organizaciones y los liderazgos sociales y de defensa de los derechos humanos en los territorios.
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“Si no se respeta eso que es el corazón y la médula de los diálogos y de los acuerdos, qué se puede esperar. El Gobierno Nacional tiene un discurso que hemos apoyado porque nos representa, pero a los grupos armados hay que llevarlos a compromisos de cero agresiones a la población civil, de respeto a los liderazgos”, sostuvo.
En eso coinciden tanto Junior Maldonado como Diógenes Quintero, quienes consideran que este es un hecho que no puede considerarse como algo menor, en la medida que representa un “ataque directo contra la construcción de paz”.
“Los ceses al fuego que ha establecido el Gobierno son ceses que involucran a la Fuerza Pública y los grupos armados, no involucran a la población civil y esa es una solicitud nuestra y de la ciudadanía. Esto vale la pena, los esfuerzos de paz valen la pena, si se involucra a la ciudadanía como agentes de protección”, consideró el representante Quintero.
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Hasta anoche, ni las disidencias de las Farc ni el presidente de la República, Gustavo Petro, o su ministro de Defensa, Iván Velásquez, se habían referido a lo sucedido con Maldonado. La única que se pronunció fue la directora de la Unidad de Víctimas a nivel nacional, Patricia Tobón, quien a través de sus redes sociales escribió: “Hago un llamado a los grupos armados ilegales para que se respeten las labores humanitarias de las entidades y permitan llegar a los lugares más apartados del país para seguir atendiendo a las poblaciones más vulnerables”.
Habla Judith Maldonado
La directora de la Unidad de Víctimas en Norte de Santander y Arauca, Judith Maldonado, contó que las dos personas que la abordaron a ella y su equipo, de regreso a Cúcuta, se transportaban en moto y se “autoidentificaron como Farc”.
Sin embargo, señaló que durante las más de tres horas que los mantuvieron en su poder no mencionaron nada sobre las razones por las cuales los detuvieron ni quisieron entrar en detalles de la organización a la que pertenecían. Tampoco hubo alguna manifestación en el sentido de impedir la presencia de la entidad en la región.
“Estamos tratando de revisar temas de contexto, en la medida que los grupos armados (que operan en el Catatumbo) mantienen un control al tema vehicular, de si son de la zona, si no son, y les explicamos que en lo que va corrido del año nosotros hemos viajado en muchas ocasiones y que no habíamos tenido ninguna dificultad”, manifestó Maldonado.
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A pesar de lo sucedido y lejos de calificar la situación que vivió como un golpe a la confianza en el proceso de paz, para la funcionaria esta es una oportunidad.
“Realmente lo que sucedió despertó un altísimo respaldo social, comunitario, de las víctimas, de las plataformas. Estoy agradecida y conmovida de tantas expresiones. Por eso, creo que es positiva la demanda del territorio y de las comunidades que se pronunciaron y reiteraron que quieren la presencia del Estado, para que se garantice y se permita el trabajo de quienes tenemos que atenderlos”, planteó.
Por eso, consideró que el episodio del martes representa una oportunidad para que los grupos armados escuchen a las comunidades.
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