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Latinoamérica tiene que gastar más en salud para mejorar su economía

Domingo, 24 de Octubre de 2021
La crisis sanitaria provocó en 2020 la mayor contracción económica en 120 años.

Latinoamérica debe aumentar el gasto público en salud para avanzar en la recuperación económica de la crisis provocada por la COVID-19, urgieron la Organización Panamericana de la Salud y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

La pandemia reveló la “interdependencia” que existe entre la dimensión sanitaria y la económica, y mostró que es “imperioso” para la región aumentar el gasto público en salud para asegurar un repunte sostenible, señalan ambos organismos de las Naciones Unidas.

“Es hora de transformar los sistemas de salud de América Latina y el Caribe con base a un enfoque de atención primaria de salud, para acelerar la recuperación”, afirma Carissa Etienne, directora de la OPS, al presentar el reporte.

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“El año pasado sosteníamos que sin salud no hay economía y hoy reiteramos que sin salud no habrá recuperación económica sostenible”, dice Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal.

En América Latina y el Caribe, el promedio del gasto público en salud es de 3,8% cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda 6%. Solo dos países superan ese 6%: Cuba y Uruguay. Argentina, Costa Rica y Colombia se acercan, pero la gran mayoría de los 49 países y territorios de la región están muy por detrás, señala el informe.

Además, la situación es muy desigual.

Mientras el gasto total en salud (público y privado) en Cuba y Uruguay supera los 2.000 dólares per cápita, con una proporción del gasto público superior al 70% (cercana a la de los países de la OCDE), en Haití, Honduras y Venezuela está muy por debajo de los 500 dólares, con una proporción pública inferior al 50%.

“El subfinanciamiento se refleja en la baja capacidad de los sistemas de salud”, señala Bárcenas. “No tenemos ni las camas suficientes ni los médicos suficientes”. En la región, la disponibilidad promedio es de 20 médicos por cada 10.000 habitantes, lejos de la media de 35 por cada 10.000 habitantes de los países de la OCDE, y de los 30 recomendados por la OMS.

Por si fuera poco, “el alto gasto de bolsillo es tremendo”, indica Bárcena. Este rubro representa en promedio en la región el 33,6% del gasto total en salud, mientras en la OCDE es de 21%.

Destaca los casos de Cuba, Colombia, Uruguay, con gastos de bolsillo de salud de 11%, 15% y 17% del total, respectivamente, menores al resto de la región. En contraposición, en Guatemala, Granada y Honduras superan el 50%.

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“La pandemia encuentra a la región con un sector de salud fragmentado, segmentado y con un subfinanciamiento crónico”, resalta Bárcenas, instando a los países también a invertir en el sector salud para impulsar la innovación tecnológica y la generación de empleo.

Bárcenas valora en particular el papel del Estado, que considera fundamental para impulsar el fortalecimiento y reconstrucción de los sistemas de salud.

“Necesitamos que los gobiernos acepten que la salud no es meramente un sector social, sino que contribuye al desarrollo económico y sostenible”, enfatiza Etienne.

América Latina y el Caribe, la región más desigual del planeta, ha sufrido un impacto “desproporcionado” desde la aparición del primer caso de coronavirus en la región, en febrero de 2020. Con solo 8,4% de la población mundial, concentra cerca de un quinto de los contagios registrados y alrededor de 30% de las muertes globales.

La crisis sanitaria provocó en 2020 la mayor contracción económica en 120 años. Y si bien la Cepal estima una expansión del PIB regional de 5,9% en 2021, advierte que no será suficiente para recuperar el nivel de 2019.

A esto se suma un avance lento y desigual de los procesos de vacunación: en promedio, en América Latina y el Caribe solo un 39% de la población cuenta con esquema completo de vacunación.

Y la situación no va a mejorar en el corto plazo. Según el informe, 11 países podrían tener disponibilidad para inmunizar al 70% de su población entre fines de 2021 y mediados de 2022; siete países podrían hacerlo para fines de 2022 y 15 países estarían en esas condiciones recién en 2023.

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AFP
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