El anuncio del ministro de Justicia, Néstor Osuna, acerca de una propuesta que se estaría preparando para ser presentada ante el Congreso y que pretende establecer en el marco jurídico una especie de acuerdo de conciliación entre víctima y victimario para la reparación de daños en el caso de delitos menores, mantiene una fuerte controversia en país.

Aunque el ministro indicó que se trataría de una especie de justicia restaurativa para crear mecanismos complementarios de las leyes existentes, las opiniones de expertos en leyes son encontradas.

Por un lado, están quienes la consideran improcedente en un país con elevados índices de impunidad y por el otro, los que consideran que serían un importante avance hacia la generación de una justicia menos punitiva que solo consigue alimentar y abarrotar las cárceles y crear nuevos tipos delictivos.  

“La justicia puede buscar la forma de reparar a las víctimas y eso puede ser más importante que el castigo penitenciario”, explicó Osuna.

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En términos más sencillos, lo que se plantea es que exista una opción para que la víctima y quien delinque, lleguen a un acuerdo de reparación que, de realizarse, sería computable a una reducción de la pena. 

“Por ejemplo, una persona que le roban el celular se siente restablecida si le devuelven su celular, el agresor tendría que darle un celular nuevo e indemnizarlo con seis meses de factura del celular”, explicó el ministro.

Para el abogado Carlos Jaimes, especialista en Derecho Administrativo y docente universitario, la propuesta del ministro Osuna es inviable en países como Colombia donde existen tan elevados índices de impunidad.

Explicó que este modelo de reparación en lugar de lograr una reconciliación nacional termina incentivando la criminalidad, toda vez que los criminólogos afirman que la impunidad es una “apología del delito”, indicó.

Jaimes citó una reciente encuesta del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) que arrojó que el 81% de los ciudadanos mayores de 15 años respondió afirmativo de haber sido víctima de un robo de celular en algún momento de su vida, mientras que las compañías de servicio de telefonía reportan tan solo una cifra aproximada de 1 millón de hurtos de equipos móviles al año.

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“Si miramos el índice de denuncia en Colombia está tan solo en el 27% y el índice de no denuncia está por el 73%, es decir, que la gente no judicializa porque consideran que esa denuncia es inocua. Esto no va a servir de nada en Colombia donde al año, tan solo el 10%  de las investigaciones terminan en sentencias condenatorias”, explicó el abogado.

Jaimes indicó que en el caso de una persona que comete un delito como el de hurto de celular para ser acogido por alguna medida de reparación tendría primero que entrar en el juego de probabilidades de denuncia, judicialización y condena. 

“Estaríamos hablando que por ahí de cada 100 celulares que roben, tan solo tres tendrían que repararlo como dijo el ministro, dando uno nuevo o pagando unas cuotas y ese orden el negocio seguiría siendo restable”, agregó.

Avanzando hacia una justicia menos punitiva 

Yefri Yoel Torrado, abogado especialista en Derecho Penal y Criminología, además de Magister en Filosofía del Derecho aclaró que ya existe en el Código Penal y en el Código de Procedimiento Penal el mecanismo de justicia restaurativa. 

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“Lo que podría ocurrir es que en el proyecto de ley que plantea el ministro se busque ampliar el catálogo de beneficios o ampliar el catálogo de delitos en los cuales se permitirá realizarlo”, comentó.

En su opinión lo que sucede en Colombia es que este tipo de justicia es poco conocida, al igual que su aplicación. Sin embargo, considera positiva la propuesta que daría un interesante giro al derecho penal que en el país ha sido enteramente punitivo.

“Es la tendencia de aumentar las penas y crear más delitos, cuando en este caso tendríamos un elemento de justicia correctiva aplicado a una salida alternativa al proceso penal”, explicó. 

Por su parte, Kenny Sanguino Cuellar, abogado y profesor universitario, explicó que la justicia restaurativa no centra su protagonismo en el victimario sino en la reparación que se le hace a la víctima de un daño sufrido por su causa.

También cree que este mecanismo será un giro completo frente a la forma tradicional de aplicar justicia porque en Colombia, como ocurre en buena parte de Latinoamérica, se entiende que la cárcel es sinónimo de ella. “Es una visión muy antigua”, expresó.

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Sanguino cree que las críticas a la propuesta de Osuna se pueden ajustar a la realidad  del país, pero no dejan de alimentarse de la idea de que “las cosas como están, están bien y que el Estado es capaz de sancionar todas las conductas”, agregó. 

Para el experto, el Estado no solo no tiene esa capacidad sino que además, mantener inamovible la manera de aplicar justicia es una vía directa al fracaso.  “Yo creo que el ministro de Justicia acierta con esta propuesta y vamos en la dirección correcta cuando dice que hay que implementar otro modelo diferente, un modelo restaurativo”, sentenció.

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