La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó, en 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, documento que proclama los derechos inalienables que corresponden a toda persona como ser humano, independientemente de su raza, color, religión, sexo, idioma, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
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Cada diez de diciembre se celebra el día especial que en esta ocasión tuvo como lema: “dignidad, libertad y justicia para todos”, con el referente que en 2023 se cumple el 75 aniversario de este documento histórico que está disponible en más de 500 lenguas.
Para la discusión y análisis quedan las palabras de António Guterres, secretario general de la ONU, quien denominó a la ‘triple crisis planetaria’ compuesta por el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación, como la nueva amenaza para los DD.HH.
Reclamó a los gobiernos que estos tiempos difíciles exigen una reactivación del compromiso con todos los Derechos Humanos: civiles, culturales, económicos, políticos y sociales.
Fusionando las nuevas amenazas con los hechos que atentan contra quienes fungen como representantes de comunidades y sectores sociales, se advierte que la situación está tornándose muy complicada por la diversidad de amenazas que están apareciendo.
Al analizar el caso colombiano, bueno es relacionar lo expuesto por la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, que en un reporte correspondiente a enero-octubre reveló haber conocido 224 alegaciones de personas defensoras, de las cuales 59 corresponden a casos ya verificados, mientras que 76 están en análisis para determinar si corresponden a esta categoría y otros 89 que figuran como no concluyentes.
Norte de Santander, con nueve crímenes en esos diez meses: tres en Cúcuta, dos en Tibú y en Toledo y de a uno en Bucarasica y Convención se encuentra dentro del esquema de seguimiento en el terreno, como lo denomina la ONU.
Ese panorama de riesgo que también fue ratificado por la Defensoría del Pueblo que en su conteo muestra 199 líderes sociales que perdieron la vida en Colombia en lo corrido del presente año. Ahí están 62 comunales, 44 voceros indígenas, 15 dirigentes campesinos, 12 representantes afros, 7 sindicalistas y 5 activistas de derechos humanos, entre otros.
Debido a esta problemática, la organización no gubernamental Human Rights Watch le hizo sonar un campanazo de alerta al Gobierno Nacional para afinar las medidas de seguridad para este tipo de activismo en Colombia.
Es urgente y prioritario que el Gobierno del presidente Gustavo Petro reforme y fortalezca la Unidad Nacional de Protección (UNP) e implemente las medidas de garantías para las comunidades y la defensa de los derechos humanos establecidas en el acuerdo de paz, son las consideraciones expuestas por HRW.
Este marco colombiano y la situación que se está viviendo a nivel mundial hacen más evidente la necesidad de lograr algo que pareciera quimérico y que fue expuesto por Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas: “No cabe ninguna duda que tenemos que recuperar la universalidad de los derechos humanos, la indivisibilidad de los mismos y encontrar una nueva energía que motive a los y las jóvenes de todo el mundo”.
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