Un contrato suscrito en 2016, cuando apenas empezaba su administración, y cuyo objeto era fomentar entre las víctimas del conflicto armado la creación de proyectos productivos sostenibles, terminó por apartar del sector público al exalcalde de Pamplona (2016-2019), Ronald Mauricio Contreras.

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La Procuraduría General de la Nación confirmó no solo la destitución del exmandatario, sino que lo inhabilitó para el ejercicio de cargos públicos durante un periodo de ocho años, cinco meses y 15 días, por las presuntas irregularidades que rodearon dicho negocio jurídico.

Aunque inicialmente la Procuraduría Regional de Norte de Santander había fijado en 13 años la inhabilidad, la segunda instancia redujo el tiempo de la sanción, pero confirmó su responsabilidad en los tres cargos que le fueron formulados en su momento.

Según el Ministerio Público, el exalcalde pamplonés pasó por alto varios errores que se cometieron durante la suscripción del convenio que tenía como objeto, “aunar esfuerzos entre el municipio de Pamplona y la Corporación Vida & Progreso para promover en las víctimas del conflicto armado interno la generación de negocios productivos sostenibles como vehículo de construcción de paz y sana convivencia”.

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“El disciplinable permitió que se materializaran inconsistencias por cerca de $140 millones en materia presupuestal, algunas relacionadas con la calidad de los materiales y otras con el cumplimiento de algunas de sus funciones, lo que evidenció su desatención a la verificación del cumplimiento de los emprendimientos en la etapa postcontractual”, explicó el ente de control en un comunicado.

Las faltas en que habría incurrido Contreras fueron calificadas como “graves culposas y gravísima cometida a título de culpa grave”, en la medida que vulneró los principios de economía y responsabilidad, desconoció los de contratación estatal y descuidó el cumplimiento elemental de sus deberes.

La Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores de Elección Popular de la Procuraduría ratificó, igualmente, la sanción de nueve años de inhabilidad contra quien para la época de los hechos fungía como secretario General y de Gobierno de Pamplona, Jeiver Saith Acero Basto.

El contrato que puso contra las cuerdas a Contreras y no le permitió terminar su administración era por $164,9 millones, de los cuales $ 149,9 millones fueron aportados por la Alcaldía de Pamplona y los $15 millones restantes por la Corporación Vida y Progreso.

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Esta suma fue distribuida en nueve proyectos productivos que pasaron la convocatoria efectuada por la administración municipal y estaban dirigidos a fomentar la marroquinería, peluquería, las granjas Mamapacha y Avícola, finca San Miguel (dos vacas), despulpadora de frutas, confecciones de pijamas, una tostadora de café y la elaboración de productos de aseo.

Después de ejecutarse el contrato y de la entrega formal del proyecto, en sesión del Concejo, las víctimas denunciaron presuntas anomalías en los elementos y materiales que recibieron. Recordaron que durante la entrega de los insumos les hicieron firmar unos documentos en los que aparecía que recibieron todo a entera satisfacción, cuando no era cierto.

Estas denuncias llevaron a que la mayoría de los concejales de Pamplona firmara una proposición en la que se acordó elevar la queja a los órganos de control, incluida la Fiscalía General de la Nación.

Ya había sido absuelto en la Fiscalía

En octubre de 2017, sin haber cumplido su segundo año como alcalde de la Ciudad Mitrada, la Fiscalía ordenó la captura de Ronald Mauricio Contreras, al igual que de su secretario de Gobierno, por el presunto manejo irregular que le dio al contrato para las víctimas.

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El gobernante fue cobijado con medida de detención preventiva en su residencia, mientras avanzaba la investigación en su contra, pero esta se prolongó durante el resto de su administración, razón por la cual Pamplona quedó al mando de otro alcalde por el resto del periodo.

En abril de este año, sin embargo, el exalcalde Contreras fue absuelto de los cargos que en su momento le imputó la Fiscalía General de la Nación.

Esto, luego de que el Juzgado Primero Penal del Circuito de Los Patios dejar sin piso los señalamientos del fiscal que llevaba el caso, al considerar que no logró demostrarse responsabilidad alguna en los delitos que le imputaban a Contreras.

La Opinión intentó comunicarse con el exalcalde, con el fin de saber si hará uso del recurso que le queda ante el Consejo de Estado, por tratarse de una sanción contra un servidor público de elección popular, pero no fue posible contactarlo.

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Y es que como se recuerda, para que queden en firme las sanciones proferidas por la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular, de la Procuraduría, es necesario que primero se pronuncie el alto tribunal.

Esto, teniendo en cuenta que una sentencia de la Corte Constitucional estableció que: “para los servidores públicos de elección popular, la ejecución de la sanción se supeditará a lo que decida la autoridad judicial”.

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