El candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, quien obtuvo la victoria en la primera vuelta presidencial, ha sustentado su nuevo proyecto político en un discurso de cambio y la promesa de una verdadera transformación en el país, con mayores oportunidades para los menos favorecidos.

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Su idea de poner a los ricos a pagar más impuestos, a fin de asegurar recursos importantes para los programas sociales, la democratización de la tierra, del saber y del crédito, le han asegurado el respaldo de buena parte del país.

Sin embargo, muchas de estas iniciativas, al igual que su programa bandera, la transición energética, han sido consideradas por muchos como irrealizables en el corto plazo.
En La Opinión las analizamos y con la ayuda de expertos revisamos qué tan viables son.

Cesar las exploraciones de petróleo

La principal bandera de campaña del candidato Gustavo Petro en esta oportunidad es la transición energética en Colombia, con el objetivo de pasar en unos años de unas energías fósiles como el gas, el carbón y el petróleo, a unas energías limpias que permitan enfrentar los efectos del cambio climático y contribuir a superar la crisis ambiental global.

En entrevista con La Opinión, a finales de 2021, Petro reconoció que su propuesta radicaba, esencialmente, en cesar las exploraciones de petróleo. 

“Guste o no nos guste, la humanidad, para poder sobrevivir, tiene que desligarse del petróleo y del carbón. Eso implica en Colombia una transición que hoy podemos hacer con cierta tranquilidad, pero si nos demoramos puede ser brutal. Una transición ordenada, tranquila, que implique un pacto de reconversión”, dijo.

En su programa de gobierno, el aspirante del Pacto Histórico dejó consignado que su compromiso con Colombia es transitar hacia una economía productiva basada en el respeto a la naturaleza, dejando atrás la dependencia exclusiva del modelo extractivista.

Calificación: necesario, pero no es un proceso de corto plazo

Para el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, no hay duda de que la transición energética es uno de los mayores imperativos que tiene hoy la humanidad, pero considera que la eventual reducción de la exploración o producción de hidrocarburos tendría una gran cantidad de efectos negativos para Colombia.

“Al final  tendríamos, sobre todo, efectos que conducirían a que hubiera una tasa de cambio muy alta que haría que la inflación se disparara y tendríamos un efecto muy grande especialmente en alimentos y artículos de primera necesidad sobre los hogares colombianos”, planteó.

Según el dirigente gremial, en 2020, el país exportó cerca de 41 billones de dólares, de los cuales 20 fueron hidrocarburos y minería. “Si no tuviéramos esos dólares, no tendríamos la tasa de cambio que tenemos hoy en día”, dijo.

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Mac Master asegura, además, que en un escenario sin petróleo en el corto plazo, el Estado colombiano dejaría de recibir anualmente $18 billones que se destinan a inversión social, los departamentos y municipios no contarían más con los $6 billones de regalías y el país tendría que invertir $30 billones para poder asegurar los combustibles que se  necesitan hoy en día para funcionar. Adicionalmente, Colombia se vería obligada a importar gas natural para abastecer los hogares, con un costo cercano a los 3 billones de dólares al año. 

“De manera que, los efectos acumulativos son grandísimos. Tendríamos una cascada de consecuencias macroeconómicas que Colombia no estaría en posibilidades de poder atender en este momento y quienes pagarían por ello serían primordialmente los hogares colombianos”, señaló.

Sergio Ramírez, doctor en economía, también es partidario de que Colombia, indiscutiblemente, debe subirse a la locomotora de las energías limpias, pero no está de acuerdo con la forma como se plantea en la propuesta del candidato, pues asegura que en estos momentos no está preparado el tejido productivo y económico para un cambio así de drástico.

“No podemos dejar en el aire, en un momento determinado, toda la cantidad de gente que depende de la minería, de la producción de la exploración de petróleo. Esto no caería bien sobre la tasa desempleo y la actividad económica, pues causaría un impacto fuerte y negativo sobre estas variables”, opinó.

Impuestos a los más ricos

En su programa de gobierno, el aspirante del Pacto Histórico señala que el sistema tributario no satisface los principios constitucionales de equidad, progresividad y eficiencia, pues las tarifas efectivas no responden a la capacidad de pago de las personas jurídicas y naturales declarantes, con un claro sesgo a favor de las personas excesivamente ricas.

En ese sentido, su propuesta va encaminada a “reintroducir el impuesto a la riqueza, con tarifas crecientes que recaigan especialmente en las personas naturales con patrimonios líquidos superiores a $4.500 millones. El umbral base del impuesto al patrimonio será por encima de los $1.000 millones de patrimonio, con una tarifa del 1%”, según lo explicó el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana.

Adicionalmente, Petro señala que los dividendos también pagarán impuestos, “al menos en un porcentaje cercano al 70%” y anuncia que eliminará las rentas cedulares “creando una sola tabla en donde se cobre el mismo impuesto a las rentas laborales que a los dividendos y las ganancias ocasionales”.

Calificación: simplista y no aborda de fondo el problema.

Carlos Sepúlveda, decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, explica que aunque es claro que en Colombia los más ricos pueden asumir todavía una mayor tributación, pues su carga es proporcionalmente mucho más baja que la de la clase media, el foco tiene que estar puesto es en cómo se logra una menor evasión de impuestos.

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Hay muchas maneras de evadir esos impuestos, disfrazándolos, por ejemplo, como gastos de nómina, teniendo flujos de ingreso en el exterior. Entonces, siento que es algo simplista decir sencillamente que se va a aumentar el impuesto al patrimonio, porque ese impuesto ya está. Deberían buscarse, mejor, mecanismos más sofisticados para garantizar que la tasa que pagan los más ricos sea efectiva, porque con la evasión no se da”, sostuvo el experto.

En ese sentido, para Sepúlveda lo planteado por Petro no es suficiente y no aborda de frente el problema de las bajas tasas de renta de los hogares con mayores ingresos “y ciertamente no alcanza a recoger los recursos para cubrir las propuestas que plantea el candidato”.

Desmilitarización de la vida social y desmonte del ESMAD

La propuesta en materia de seguridad de Gustavo Petro plantea una transformación al enfoque de la seguridad que se ha basado en la construcción y eliminación del enemigo interno, para pasar a una seguridad humana sustentada en la igualdad, la protección de la soberanía nacional, la seguridad ciudadana, el cuidado de la vida y la naturaleza. Dice que avanzará en la desmilitarización de la vida social  y que consolidará “el principio constitucional de la prevalencia de la autoridad civil sobre la militar”.

Creará el Programa Integral de Seguridad Humana para las comunidades y las organizaciones sociales en los territorios y plantea que la reforma progresiva de las Fuerzas Armadas debe orientarse en el bienestar y la educación de su principal activo, los hombres y mujeres que las conforman.

“Nuestra prioridad será recuperar, a nivel institucional y operativo, el carácter civil del cuerpo policial y de acuerdo con ello, redefinir sus funciones y prioridades, que incluyen el desmonte del ESMAD y el tránsito a una fuerza orientada a la solución pacífica e inteligente de conflictos”, se puede leer en la propuesta.

Calificación: no todo es viable y demanda ajustes

Para el analista Jairo Libreros, profesor titular de seguridad y defensa nacional de la Universidad Externado de Colombia, pensar que en Colombia es posible sacar adelante una reforma a la doctrina militar o policial es viable, pero lo que no considera muy posible es acabar con el ESMAD.

“Colombia, en los momentos de convulsión tan fuertes como los que vive, pensar que no va a tener un cuerpo especializado para manejar el vandalismo que afecta la protesta pacífica, a los ciudadanos y a las instituciones, creo que es una apuesta muy riesgosa. No la veo tan viable”, dijo.

Sobre la propuesta de seguridad que promueve el candidato Petro, sustentada desde un punto de vista más humano que militar, Libreros considera que si bien puede sonar “romántica”, es necesaria.

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“El nivel de militarización de las políticas de seguridad en Colombia es muy alto, lo cual riñe con todos los estándares globales en materia de seguridad. En segundo lugar, sí se requiere tener un énfasis mucho mayor en derechos humanos y en seguridad humana, pero esos son énfasis, no son políticas públicas y ahí creo que hay un error de Gustavo Petro”, opina.

Libreros es partidario de que el próximo gobierno tendrá que impulsar unas reformas mucho más profundas para garantizar que en unos cuatro años el país pueda contar con políticas públicas de seguridad más locales y respetuosas de los derechos humanos “y unas Fuerzas Militares dedicadas a lo que tienen que hacer, que son los temas de defensa nacional. Esa es una reforma que no se ha podido sacar en Colombia”.

En su criterio, la propuesta del Pacto Histórico es viable, pero demanda ajustes importantes. “Se requieren más estrategias y mayor contenido programático. Como discurso es entendible, pero cuando el discurso no tiene un desarrollo mucho más puntual en estrategias, genera preocupación”.

Reforma al modelo de pensiones  

Una de las propuestas del candidato presidencial Gustavo Petro que más ha generado polémica es la reforma pensional, la cual ha sido señalada por varios expertos como inviable, debido a que cerca del 95% de las personas quedaría en el fondo de pensiones estatal.

Hay quienes señalan que su funcionalidad es sinónimo de “expropiación” de los ahorros de las personas que se encuentran cotizando en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), pero el aspirante ha negado rotundamente esto.

Su idea de reforma pensional está sustentada en un esquema de pilares: el primero de ellos sería el pilar solidario, que garantizaría una pensión de medio salario mínimo para las personas que no han hecho aportes suficientes para recibir ningún tipo de pensión. El segundo pilar es un sistema de reparto -parecido al de Colpensiones de hoy- para los ingresos de hasta cuatro salarios mínimos. Y finalmente habría un sistema de ahorro en las actuales Administradoras de Fondos de Pensiones, o AFP.

El debate se ha centrado en que la inmensa mayoría de los colombianos tiene salarios menores a cuatro salarios mínimos -entre el 90 y 95% de las personas, así que esto reduciría el papel de las AFP de manera sustancial y saturaría el sistema estatal.
“Esas cotizaciones en el fondo público, por ser de reparto simple, las pagarán los actuales pensionados. A los actuales pensionados los está pagando el Presupuesto Nacional, así el Gobierno Nacional libera $18 billones de su presupuesto”, plantea el candidato Petro.

Calificación: inconveniente y no es novedosa

Ana María Olaya, directora del programa de Economía y Finanzas Internacionales de la Universidad de La Sabana, analizó la propuesta del candidato  y consideró que esta saturaría el sistema de Colpensiones, al fijarse el límite de hasta 4 salarios mínimos, en donde está la mayoría de colombianos.

“A mi modo de ver, el Estado en este momento tiene un déficit muy alto. Las cifras y experiencia me parecen peligrosas. El gran problema solo es el límite de los 4 salarios mínimos que es lo que hace la diferencia”, señaló.

Para Olaya, la propuesta no es novedosa, debido a que ya se ha aplicado en otros países y, además, va en contravía de indicaciones del Banco Mundial, que establecen que el tope debería ser de un salario mínimo, pues solo de esta forma se aliviaría el sistema.

Bono de $500.000 para mujeres cabeza de familia y adultos mayores sin pensión

Actualmente, en el país hay 6 millones de adultos mayores de 60 años, y de ellos solo el 28%, es decir, 1,7 millones, cuenta con una pensión para su vejez; mientras que 1,72 millones tiene una cobertura del programa Colombia Mayor, cifra que contrasta con los 3,2 millones de adultos mayores que no tienen ni pensión, ni subsidio para su vejez.

Entre tanto, según las cifras que maneja la campaña del Pacto Histórico, en el país las mujeres que son cabeza de familia llegan a aproximadamente 5’800.000.

En la reforma pensional del candidato Gustavo Petro, el pilar número uno incluye la implementación de un bono para que esa población de adultos mayores y mujeres pueda recibir un ingreso por toda una vida de trabajo. El monto de este auxilio sería de medio salario mínimo ($500.000 en 2021).

“En Colombia no hay subsidios, hay limosnas; la limosna mantiene a la persona en la pobreza, por eso son de $160.000, de $70.000 para jóvenes, $90.000 para viejos. Es mantener a una persona en la pobreza porque la línea de la pobreza, según el Dane, es de $350.000”, dijo el candidato en uno de los debates de marzo.

Calificación: favorable

La directora del programa de Economía y Finanzas Internacionales de la Universidad de La Sabana, Ana María Olaya, destacó lo propuesto por el candidato, pues considera que este auxilio beneficiaría a una población que es catalogada como vulnerable.

“Muchas personas no logran tener su pensión y esa es una de las inequidades que actualmente hay en el país. Las personas con trabajo informal pueden trabajar toda la vida, pueden llegar a cotizar, pero no cumplen con las semanas y las pocas semanas que cotizan son perdidas”, señaló.

La experta indicó que a la par de la propuesta se debe emplear un mecanismo para evitar que personas que no reúnan los requisitos terminen dentro del programa y de esta manera se pierda el objetivo para el cual fue creado.

“Puede ser un incentivo para dejar de trabajar, eso ya ha pasado en otros países. Por ejemplo, en EE. UU.  tienen que demostrar que sí trabajaron”, indicó.

Tren eléctrico elevado de pasajeros 

Durante el cierre de campaña para la primera vuelta, el candidato presidencial Gustavo Petro, en un evento en Barranquilla, habló por primera vez de la polémica propuesta de construir un tren eléctrico elevado que conectara los puertos de Barranquilla y Buenaventura.

“El proyecto arranca en el Puerto de Buenaventura, en el Pacífico y, a través de un tren elevado, moderno, eléctrico, vincula a Buenaventura con los puertos del Caribe, entre ellos Barranquilla”, explicó en su momento.

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Hay que recordar que en 2015, Fedesarrollo estructuró el plan maestro de transporte intermodal 2015-2035, documento en el que se exploran todas las opciones que el país puede poner en marcha desde el punto de vista vial, férreo, aéreo, etcétera. En ese entonces, la opción de un ferrocarril no se planteó porque el flete férreo resulta mucho más costoso que el flete marítimo.

Tras el anuncio, la polémica se encendió, por cuanto la idea fue considerada por sus detractores como “populista” y “mentirosa”, mientras que sus seguidores la calificaron como “viable” y “novedosa”.

Calificación: inviable

El director del grupo de Estudios de la Democracia de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, Yann Basset, aunque no quiso dar un concepto profundo de la propuesta por cuanto no se considera experto, manifestó que es un proyecto ambicioso.

“De por cierto, este tipo de proyectos ya existe en otros países, pero considero que es un reto para el candidato, lo que implica un esfuerzo enorme para hacerlo realidad en Colombia”, señaló.

Por su parte, Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), en declaraciones dadas a medios nacionales, sostuvo que ejecutar dicha propuesta es imposible a nivel técnico, ambiental y financiero.

“Es un globo al aire", consideró Caicedo, argumentando que “no hay un estudio de carga que justifique” el proyecto.

El presidente de la CCI dejó claro que la obra es inviable, principalmente por el componente ambiental, debido a que “afectaría las zonas del Darién y del Chocó que poseen reservas naturales, cuerpos de agua, territorios de comunidades negras y resguardos indígenas”. 

Según cálculos de Caicedo, este proyecto costaría entre 650 y 700 billones de pesos, por lo que “ni el sector privado, ni el público, ni los bancos, lo solventarían económicamente. Mucho menos si no se necesita”.

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