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Por aumento de su salario, formulan pliego de cargos contra Héctor Santaella

A los siete directivos de la Cámara de Comercio de Cúcuta que avalaron el incremento del entonces presidente ejecutivo, les archivaron el proceso.

El cuestionado aumento salarial que en 2019 aprobó la junta directiva de la Cámara de Comercio de Cúcuta al entonces presidente ejecutivo de la entidad, Héctor Jesús Santaella, y que le permitió pasar de ganarse $13’471.810 a $26’542.820, sigue dando de qué hablar.


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La Procuraduría Regional de Instrucción de Norte de Santander acaba de ordenar el archivo de la investigación que adelantaba contra los siete directivos que avalaron el nuevo régimen laboral del representante legal de la CCC, pero, en cambio, formuló pliego de cargos contra Santaella, por las presuntas irregularidades en que incurrió el exfuncionario al modificar su propio contrato de trabajo.

Al presidente ejecutivo para la época de los hechos le reprochan que si bien la junta directiva le dio vía libre, a mediados de 2019, a un aumento exagerado de su sueldo y aprobó que se pasara de un salario integral a un salario ordinario, en una nueva acta (la No. 02 de diciembre 30 de 2019), Héctor Jesús Santaella, actuando de manera autónoma, le solicitó al coordinador jurídico cambiar la clase de salario de ordinario a integral por la suma de $26’542.820, a partir del 1 de enero de 2020.

“Llama la atención de esta Procuraduría Regional que el acta modificatoria precitada, solo se refrenda por el doctor Santaella Pérez, actuando en dos cargos a la vez como presidente ejecutivo –empleador y trabajador- donde esta situación administrativa es potestad de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Cúcuta, según sus propios estatutos (sic)”, dice el ente de control.


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El Ministerio Público también investiga si el entonces representante legal de la entidad gremial pudo haber incurrido en una irregularidad al autorizar un incremento entre el 15 y el 125% en el sueldo de 30 funcionarios, entre gerentes y directores de área, a criterio personal de Santaella, en enero de 2020, “incrementando el gasto mensual del presupuesto público en $100 millones, aproximadamente, y anualmente en $1.200 millones, sin una proyección real de ingreso, afectando notablemente las finanzas de la entidad”.

Dos cargos

Por los hechos descritos, la Procuraduría de Instrucción resolvió formular dos cargos en contra de Héctor Santaella, toda vez que el exfuncionario pudo incurrir en conductas consideradas como gravísimas, a título de “culpa gravísima”.

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La Cámara de Comercio de Cúcuta ha quedado en el centro de la polémica en las últimas semanas. /Foto Archivo La Opinión

 

En primer lugar, dice el procurador regional que Santaella incurrió en una presunta irregularidad al expedir el Acta 02 de diciembre 30 de 2019, la cual refrendó en calidad de empleador y trabajador, para cambiar su contrato de trabajo “sin conocimiento y autorización de la junta directiva del ente cameral”.

Tras revisar las pruebas aportadas al proceso, el ente de control disciplinario señala que es claro que en este caso se pudieron haber presentado posibles irregularidades laborales, presupuestales y financieras.


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 “Ahora bien, la confianza depositada por la junta directiva de la Cámara de Comercio de Cúcuta (2019-2020), en la designación hecha al encartado, presuntamente fue traicionada, porque se tomaron decisiones financieras, presupuestales y laborales que presuntamente contravienen los mismos Estatutos, el Código de Ética de la Cámara de Comercio de Cúcuta y el Código Civil”, se puede leer en el auto de pliego de cargos.

El segundo cargo que le formulan al expresidente ejecutivo de la entidad tiene que ver con el aumento de salarios que, presuntamente, autorizó comenzando el 2020, pues esta acción habría comprometido las finanzas de la CCC sin ninguna justificación, con lo cual podría estar incurso en una falta disciplinaria.

“Por las pruebas descritas, para el Despacho es claro que se aprecian presuntas irregularidades presupuestales y financieras, relacionadas con el presupuesto público de la Cámara de Comercio de Cúcuta, que ponen en riesgo la estabilidad económica del ente cameral”, le reprocha la Procuraduría Regional a Santaella.


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El Ministerio Público precisó que al investigado le asiste el derecho de rendir versión libre de manera espontánea para presentar sus alegatos y tratar de desvirtuar los señalamientos en su contra.

Archivada la investigación contra directivos

Los que definitivamente ya quedaron libres de la investigación que por estos mismos hechos se adelantaba en su contra fueron Francisco Javier Pabón Martínez, Germán Enrique Hernández Gómez, Mario Alberto Lattif Gómez, Omar Gonzalo Quintero Torrado, Gonzalo Medina Valderrama, Fernando del Corte Fajardo y Pedro Arnulfo García Tibaduiza, quienes hacían parte de la junta directiva de la Cámara en 2019.

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Estos son los siete directivos a los que le archivaron la investigación en la Procuraduría./Foto archivo La Opinión

 

Los directivos habían quedado bajo la lupa del ente de control desde febrero de 2020 por un presunto abuso de derechos o extralimitación de funciones, por el aumento del salario de Héctor Santaella, y hasta los habían suspendido por tres meses, medida que posteriormente fue revocada.

Sin embargo, una vez agotada la etapa probatoria, el 13 de octubre de 2020 el procurador regional de Norte de Santander ordenó el cierre de la investigación disciplinaria y ahora se acaba de decretar el archivo de la misma.

“(…) Si se hace un análisis a fondo de sus obligaciones, las mismas se enmarcan en el artículo 12 de los Estatutos de la entidad cameral, que les ordena estudiar y avalar el plan estratégico de gestión, así como su plan de acción anual, presupuesto anual de ingresos, gastos y señalar, dentro de los límites propios de la junta directiva, las acciones que estime conveniente para realizar los objetivos de la misma. Situación que realmente sucedió”, concluyó la Procuraduría.

En el auto de archivo se agrega que: “es claro, entonces, que los miembros de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Cúcuta, para la época de los hechos, aquí investigados, no realizaron actuación que permita calificarse como abuso de derechos o extralimitación de funciones. (…) debiéndose por tal razón, ordenar el archivo de las diligencias a su favor”.

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Miércoles, 23 de Noviembre de 2022

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