La Defensoría del Pueblo, a través de su Observatorio de Conflictividad Social, dio a conocer el informe anual de los eventos ocurridos durante la vigencia anterior en todas las regiones del país, dejando como evidencia que, entre enero y diciembre del 2023 hubo 2.046 manifestaciones de conflictividad social en 446 municipios de 31 departamentos del país, lo que representó un aumento del 43% en comparación con el año anterior cuando solo se registraron 1.427 eventos. 

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De acuerdo con el informe, Norte de Santander está entre los 10 departamentos donde se concentraron el mayor número de conflictos sociales como bloqueos de vías, plantones, marchas, paros y cese de actividades. 

Ante este balance, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis manifestó que es fundamental que el Gobierno nacional fortalezca la articulación institucional para que sean propiciados de manera oportuna espacios de diálogo con las comunidades que manifiestan sus inconformidades. 

“Hay que adelantar procesos de fortalecimiento institucional con los mandatarios locales, con el fin de prevenir el escalamiento de conflictividades en diferentes puntos del territorio nacional, las entidades gubernamentales y los sectores empresariales deben propender por el fortalecimiento del diálogo constructivo y genuino para atender la creciente conflictividad social en el país”, dijo el funcionario. 

Asimismo, destacó la importancia de brindar respuestas efectivas a las inconformidades sociales y cumplir con los acuerdos que se suscriban en los espacios de diálogo, pues muchas veces, los incumplimientos pueden empeorar la situación y llevar a que las situaciones se repitan en mayor proporción. 

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Causales de las protestas 

El informe reveló que el panorama de la conflictividad social de 2023 presentó un escenario caracterizado, en parte, por el primer año de mandato de un gobierno que llegó al poder con un importante apoyo popular y que durante este periodo ha buscado impulsar las reformas prometidas en materia de economía, salud, educación, pensiones, servicios públicos, política, minero-energética, entre otras iniciativas legislativas que se tramitan en el Congreso de la República. 

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Proyectos que han generado el apoyo de unos sectores y la desaprobación de otros, una causal para que el año pasado se adelantarán varias movilizaciones sociales por quienes apoyan u objetan estas reformas, siendo Cúcuta una de las principales ciudades donde se han desarrollado estos eventos. 

Además, detallan que la dinámica de conflictividad se vio impactada por el proceso de elección de alcaldes y gobernadores en el país que se llevó a cabo el 29 de octubre de 2023, precisando que, durante el desarrollo de los comicios y con posterioridad a la jornada electoral, se presentaron manifestaciones, disturbios y asonadas como consecuencia del desconocimiento de los resultados electorales por la poca diferencia de votos entre uno y otro candidato. 

En Cúcuta, por ejemplo, durante el primer día de escrutinios para declarar la elección de los elegidos en los comicios se presentaron alteraciones del orden público, pues varias personas exigían que se abrieron las urnas para hacer un reconteo de votos, insistiendo en que habían anomalías con los votos depositados a favor de uno y otro candidato. 

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Y por otra parte, las precarias condiciones en que se presta la educación básica y media en diversos territorios del país, así como la falta de garantías para cientos de docentes fue un detonante para que se presentaran diversos conflictos, destacando que, en Norte de Santander, la Asociación Sindical de Institutores Nortesantanderanos (Asinort) salió en varias oportunidades a realizar plantones y movilizaciones, para exigir mejores condiciones laborales, así como soluciones a los cientos de maestros provisionales, especialmente del Catatumbo, que quedaron por fuera del concurso realizado por la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

De igual modo, durante el 2023 la conflictividad se asoció con las demandas de atención y cumplimiento estatal a los compromisos acordados para resolver necesidades estructurales y urgentes de los distintos sectores poblacionales, como del sector transporte. 

Y, en este sentido, se referencian las protestas y bloqueo de vías que adelantaron a lo largo del 2023 los taxistas de Cúcuta y el área metropolitana, para exigir subsidios en el precio de la gasolina debido a los aumentos que aplicó el Gobierno nacional, así como también, para solicitarle a las autoridades municipales que combatieran el transporte informal, además, para pedir que no se les cobrara la seguridad social, entre otras peticiones. 

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Adicionalmente, ante la persistencia de escenarios de violencia, los altibajos en el proceso de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional (Eln), el fortalecimiento y accionar de otras estructuras armadas ilegales y, en general, situaciones de inseguridad, durante 2023 (aunque con menor intensidad que en el 2022) se dieron constantes movilizaciones de diversos grupos sociales, en rechazo a la violencia de los grupos armados y organizaciones criminales, como también para solicitar la liberación de personas secuestradas o por el cese al fuego y a las hostilidades, y por respeto a los derechos humanos y a las normas del Derecho Internacional Humanitario. 

En este caso, en municipios como Ocaña, la comunidad se unió para adelantar marchas y clamar a los violentos que detuvieran su accionar en el departamento con relación a los secuestros, amenazas, extorsiones, entre otras situaciones. 

Otras manifestaciones en la región

Asimismo, en la región se presentaron manifestaciones como el bloqueo de vías en la carretera Cúcuta-Pamplona, donde algunas comunidades señalaban no estar de acuerdo con la instalación de un nuevo peaje en el sector de Pamplonita, eventos que duraron horas y que, solo se levantaron tras la mediación hecha por el gobierno regional con el Gobierno nacional. 

Además, se presentaron cierres hacia la Costa Atlántica, pues habitantes del municipio de La Esperanza bloquearon la vía que lleva de Bucaramanga hacia esta zona, como forma de protesta al relleno sanitario que se piensa construir en este municipio. Una situación que, hasta la fecha no tiene solución. 

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En Pamplona, se presentó un paro por parte de transportadores de busetas, quienes decidieron bloquear el acceso al centro histórico en protesta contra la alcaldía para detener un proceso de licitación que los afectaba, pues llegarían nuevas rutas y empresas del transporte público, situación que ocasionó que, durante casi 10 días, los habitantes de esta zona no contarán con el servicio de transporte público colectivo. 

Y se presentaron protestas en la región por parte de campesinos que exigían la delimitación del páramo de Santurbán, así como el arreglo de vías en algunos municipios, también en la capital nortesantandereana se realizaron plantones para exigir soluciones a problemáticas en materia de salud e infraestructura, entre otras.

¿Han servido las movilizaciones?

El magisterio, uno de los sectores que más protestas realizó en 2023, señaló que sus movilizaciones sí sirvieron para que el Gobierno atendiera sus solicitudes, aunque aún faltan muchas cosas por revisar y avanzar un poco más en las mesas de diálogo. 

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“Se han mejorado algunas condiciones, pero debemos seguir luchando por quienes aún no tienen solución, como los compañeros provisionales que aún están en el limbo, entonces no es fácil, pero protestar siempre es una opción, si no es por las buenas, no es que sea por las malas, pero debemos hacernos sentir”, dijo una docente que participó en varias marchas en el 2023. 

Líderes señalan que las movilizaciones sirven, siempre y cuando la “lucha continúe, es decir, no es solo salir, bloquear una vía e irnos a las casas, no, es seguir insistiendo para que nos escuchen, para que nos visibilicen”. 

La protesta más reciente de este año se dio en la vía Pamplona-Bucaramanga, donde la comunidad de Mutiscua decidió bloquear la vía, para exigir el arreglo del corredor vial, una protesta que sirvió para que la Gobernación anunciara una inversión de 45.000 millones de pesos para reparar 17 puntos críticos de este tramo. 

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Y, además, aunque se había anunciado un paro por parte de los campesinos y cocaleros del Catatumbo para el próximo 15 de marzo, las mesas de diálogo instaladas con estas comunidades entre el Gobierno nacional y regional, tienen hasta la fecha la movilización suspendida, en aras de encontrar soluciones a sus problemáticas, para evitar un conflicto social.

¿Por qué se sale a protestar?

Víctor Suárez, sociólogo, señaló que las protestas son una forma de expresión que usan las personas para empoderarse y empoderar a otros y demostrar que la unión puede hacer la fuerza, precisando que, en Colombia, salir a manifestarse es un derecho, siempre y cuando se haga de manera pacífica. 

“Cuando se convoca a una manifestación, nos encontramos con personas que piensan de manera diferente y que pueden sentirse aisladas, marginadas e impotentes, pero la naturaleza del ser humano es ir hacia donde van las masas, y si yo siento que se me están vulnerando los derechos o de personas cercanas a mí, muchas veces lo que piense no importa, sino salir a defender lo que en algún momento me puede pasar a mí”, explicó Suárez. 

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El profesional señaló que quienes protestan solo quieren una cosa y es ser escuchados, ya que, a través de otras vías, fueron ignorados, por lo que convocan a marchas multitudinarias para ejercer presión sobre los gobiernos y que estos atiendan sus quejas y solicitudes, destacando que es allí cuando comienza el debate y la discusión para encontrar soluciones. 

Asimismo, indicó que, en un país como Colombia donde actualmente confluyen tantos conflictos y en una región de frontera, movilizarse siempre será una opción, pues la gente ante la vulneración de sus derechos, decide unirse y exigir soluciones de manera contundente.

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