A la espera de una respuesta positiva por parte del director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas Valencia, se encuentra el alcalde de Ocaña, Samir Casadiego Sanjuán, para suscribir un convenio encaminado al control del tráfico vehicular en la ciudad. 

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Desde el año pasado el área operativa de tránsito de la secretaría de Movilidad se encuentra sin patrulleros que ejerzan esa misión para mitigar el caos y castigar a los infractores.

 El concejal Mario Castellanos Chinchilla manifestó que es imperiosa la necesidad para neutralizar la indisciplina de los conductores quienes no respetan las normas básicas del tránsito automotor.
 
 El secretario de Movilidad, Leonardo Moreno Bonilla, señaló que por orden presidencial ese servicio de la policía se desmontó en las modificaciones hechas al Código Nacional de Tránsito y Transportes.

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 “Si la administración municipal no concreta el convenio con esa entidad se verá obligada a contratar alférez para el control del tráfico vehicular. Sería muy oneroso vincularlos a la planta de personal y ya se tienen adelantadas las conversaciones con otros municipios que tienen esa figura creada”, reiteró. 
 

Una solución a la vista

En estos instantes cobra importancia la creación de un Instituto Municipal de Tránsito con el fin de facilitar esa tarea y mitigar el caos presentado por el aumento del tráfico automotor.
 

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El ex concejal de Ocaña, Mario Alfonso Echávez Elam, en el año de 1997 presentó como trabajo de grado en la Escuela de Administración Pública, ESAP, una propuesta, pero los gobernantes de turno no le dieron importancia. “Corresponde a la creación de un ente encargado de todos los temas viales de la ciudad, con una estructura y autonomía propia para ejecutar planes de seguridad, sin embargo, los alcaldes no la han adoptado”, reiteró.
 

La palabra empeñada

El alcalde de Ocaña, Samir Casadiego, explicó que se tenía un convenio con la policía nacional a través del Área Operativa de Tránsito, el cual venció a finales del mes de noviembre del año pasado.
 
“Infortunadamente por política de la Dirección General estos convenios ya no se están firmando con los municipios por falta de personal. Ante una gestión que hicimos directamente con el general Vargas se guardan las esperanzas de volver a esa figura”, reiteró.

 El mandatario solicitó la posibilidad que no se tenga en cuenta a Ocaña para esas decisiones tomadas y se pudiese nuevamente suscribir el convenio con el área operativa de tránsito dando como el sustento que la ciudad es la puerta de entrada al Catatumbo. Además de la operatividad de tránsito y los patrulleros podrían ejercer temas de vigilancia en la región.

 “Tuvimos la aceptación por parte del general Vargas, toda la documentación está en la dirección de la Policía y estamos a la espera de una respuesta positiva a esta situación. Tenemos hasta el 28 de enero, pues por ley de garantías no podríamos firmar este convenio y esperamos la buena voluntad manifestada de manera verbal para retomar el orden de la movilidad en esta ciudad”, reitera.
 
En la proyección tiene un valor de 4 millones de pesos mensuales por cada agente de tránsito y depende del número de policías solicitados. “Se revisa de una manera presupuestal, tenemos pensado en contar con 11 patrulleros, entonces costaría 44 millones de pesos mensuales”.
 
Asegura que si no se da ese convenio se tendría la alternativa o plan B para solventar la situación y es generar un convenio con municipios que tengan alférez operando en sus entes territoriales. “Hemos adelantado algunos diálogos con Envigado, Floridablanca y los Patios, pero infortunadamente en el proceso de acercamiento se nos cayó esa posibilidad. Tenemos adelantado con otros municipios que nos pueden ofrecer el servicio de alférez que operaría con la misma figura, el valor por cada persona que uno solicite para prestar directamente el servicio de tránsito en Ocaña”, dijo.
 
Analistas recuerdan que ya se hizo el experimento en Ocaña y no sirvió. 

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El alcalde dice que es engorrosa la vinculación a la planta de personal de esa figura ya que se debería contar con la autorización por parte de la función pública y la comisión de la sala civil. “Todas esas situaciones tendrían que generar una operatividad, yo no puedo ampliar la planta sin autorización. Tendría que llamarse a concurso para la creación de los nuevos cargos.  Es una situación muy compleja y obviamente la necesidad, de tener operatividad del tránsito en Ocaña, nos obliga a tomar la decisión más expedita para retomar el orden de la movilidad”, puntualizó.

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