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La eterna y accidentada elección del nuevo presidente de la Cámara de Comercio de Cúcuta

Viernes, 29 de Octubre de 2021
Entre 2020 y lo que va de 2021, la CCC ha tenido tres presidentes y va de designación en designación.

En dos días termina la designación  de Armando Peña Castro como presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cúcuta y hasta este momento es incierto quién continuará al frente de la principal entidad que agremia a los comerciantes y empresarios de la región.

Las pujas al interior de la junta directiva y los cuestionados movimientos en torno a la elección de un representante legal en propiedad han hecho no solo que desde hace varios meses todas las miradas estén puestas sobre lo que allí sucede, sino que desde hace más de un año, tras la destitución de Héctor Santaella, la Cámara esté de encargo en encargo.

Aunque este año finalmente la mayoría de directivos estuvo de acuerdo en contratar una firma especializada en procesos de selección de personal, para definir una terna que le permitiera a la junta elegir presidente, sorpresivamente esta opción también resultó fallida.

Las presuntas irregularidades que rodearon la convocatoria y los cuestionamientos sobre la elección de la firma encargada de adelantar ese trámite llevaron a que esta semana la escogencia de dicho funcionario fuera declarada desierta, pese a la inversión de $18 millones que hizo la entidad cameral para ese propósito.

La firma favorecida para sacar adelante la selección de esta terna había sido la Corporación Investigativa y Educativa Crear Ciudad, de Floridablanca (Santander), una entidad sin ánimo de lucro dedicada, principalmente, a actividades de carácter educativo y de formación.

Como lo contó La Opinión semanas atrás, solo hasta el pasado 17 de junio, 13 días antes de que la Cámara abriera la invitación a proponer, esta Corporación habría modificado sus actividades económicas para incluir como actividad secundaria la 7810, que hace referencia a “actividades de agencia de gestión y colocación de empleo”.

En vista de que su propuesta económica era la más barata, Crear Ciudad fue escogida por encima de dos firmas especializadas, reconocidas y con años de experiencia en la búsqueda, evaluación y selección de ejecutivos de alta y media gerencia como Aristos Consultores de Gerencia e Intuitiva Consultores.

Esto generó el malestar de un grupo de directivos que desde mediados de agosto venía advirtiendo lo siguiente: “El proceso de selección que se quiere llevar a cabo por intermedio del proponente ganador de la convocatoria abierta tiene que ver con uno de los máximos cargos de la entidad cameral como lo es la Presidencia Ejecutiva, por ende, es de vital importancia que la empresa ganadora sea plenamente competente y con la experiencia idónea y precisa en el asunto”, advirtieron.

En esa medida, el lunes de esta semana, durante la junta extraordinaria que se convocó para elegir entre Armando Peña Castro, actual presidente de la Cámara, Eliana Labrador Flórez y Víctor José Angarita Ríos, los candidatos que llegaron a la etapa final del proceso de selección, cinco de los nueve integrantes de la junta votaron en blanco. Otros tres votos fueron para Peña Castro y uno más para Angarita. 

Y como la elección de la terna no prosperó, la junta volvió a reunirse para decidir, entonces, la prórroga del contrato de Peña, quien termina funciones este domingo 31 de octubre, pero tampoco fue posible su aprobación.

Inicialmente se presentó una proposición para que el actual presidente continuara en el cargo por seis meses más, pero esta idea no fue acogida. En vista de ello volvieron a votar para una ampliación solo de dos meses y la votación quedó 5 a favor y 4 en contra.

La Opinión conoció que algunos miembros de junta intentaron validar este resultado, tras asegurar que se trataba solo de una prórroga, lo cual desató el malestar de quienes no están de acuerdo con que siga Peña, pues los estatutos de la Cámara son claros en que para aprobar una decisión como esta se requieren mínimo 6 votos. 

Así las cosas, la designación quedó en el limbo una vez más. 

Los directivos fueron citados nuevamente para el martes, con el fin de ver si logran destrabar la accidentada, eterna  y controvertida elección del titular de la Cámara de Comercio de Cúcuta, pues de lo contrario tendrían que designar un representante legal suplente, a fin de que la entidad no quede acéfala, como ya ocurrió antes, tras la salida de Héctor Jesús Santaella.

Entre 2020 y lo que va corrido de 2021, la Cámara ha tenido tres presidentes ejecutivos. A mediados de este año, faltándole seis meses para terminar su periodo, la junta también removió a su presidente, Mario Latiff, de manera sorpresiva.

Ocho millones por un concepto

 

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Los últimos años han sido de polémica en la Cámara de Comercio de Cúcuta./ Foto: archivo

Un hecho más que ha sido objeto de cuestionamiento es el pago, por parte de la Cámara, de un abogado externo, a fin de que se emitiera un concepto jurídico y legal sobre el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad de la Corporación Crear Ciudad.

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Aunque la Auditoría Corporativa de la CCC había presentado ya un informe el 16 de septiembre, en el que le puso de manifiesto a la junta que Crear Ciudad no era una persona jurídica especializada en selección de personal y que su objeto social no tenía  relación con el objeto del contrato a ejecutar, además de que esta es una entidad sin ánimo de lucro, “cuyo enfoque es social y político, el cual, no tiene nada que ver con la selección de personal que pedía la convocatoria abierta”, la  Cámara decidió buscar una opinión diferente.

Con ese propósito, contrataron a la firma Baccamedina abogados, cuyo concepto concluyó que la Corporación Investigativa y Educativa elegida para la selección de la terna sí cumplía con los requisitos formales solicitados y podía sacar adelante el proceso.

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Lo que reprochan aquí es que para este propósito se destinaron, al parecer, $8 millones, cuando esa misma cantidad de dinero era, casi, la diferencia que separaba la propuesta de Crear Ciudad y la de Aristos, la firma especializada que ya en el pasado había sido contratada para cumplir con el proceso de selección de los diferentes gerentes de la Cámara de Comercio, por su experiencia en esa clase de procesos. Intuitiva Consultores cobraba $20 millones.

¿Exceso de contratación?

La elección del próximo presidente de esta organización gremial ha vuelto a aflorar también las tensiones entre los distintos bloques en que se divide la junta, no solo por la elección de la terna, sino frente a la continuidad de Armando Peña como representante legal de la misma.

Y es que hay un sector que no es partidario de su continuidad, pues considera que durante su estadía en ese cargo se ha disparado la burocracia y hay un evidente exceso de contratación.

A Peña le reprochan, por ejemplo, que en los últimos meses contrató un abogado por cerca de $36 millones para que asesore jurídicamente la Presidencia Ejecutiva en temas laborales, civiles y comerciales; así mismo, un asesor financiero y otros profesionales más para diferentes áreas.

De igual forma, cuestionan la contratación de dos personas, el mismo día, uno por $45 millones y otro por $36 millones, para un periodo de 12 meses, con el fin de que se encarguen de hacer el análisis, diseño y puesta en marcha de la página web de la Cámara.

La Opinión habló con el presidente ejecutivo, quien explicó que esta contratación se dio por requerimientos muy específicos en algunas áreas de la entidad.

“Aquí tenemos dos sindicatos de 167 empleados, de los cuales 123 están sindicalizados, lo cual genera un volumen de trabajo alto, por eso es necesario un asesor laboral”, dijo.

Señaló que el asesor del Observatorio Económico es un experto que se contrató para crear la red de observatorios y para acompañar el proceso de elaboración de una revista científica; el otro asesor financiero acompañará la organización de los fondos de inversión que tiene la Cámara y la actualización de las políticas administrativas y financieras.

Armando Peña defendió que estas personas son “gente especializada con la que no cuenta la Cámara” y que tienen la experiencia corporativa que se requiere para sacar adelante los diferentes procesos. 

Frente a otros contratos que se vienen dando manifestó lo siguiente: “lo que se está generando es que algunas contrataciones corresponden a los reemplazos que se están haciendo de personal, estamos haciendo también ascensos y convocatorias internas”.

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Sobre los dos contratos para la página web, Peña recordó que estos corresponden al mismo objeto del contrato por $128 millones que él se había ganado antes de ser designado y que tuvo que rechazar finalmente.

En ese sentido, aseguró que lo que esto muestra es que se redujo el valor del mismo y que, en cambio, la Cámara tendrá a disposición dos ingenieros para fortalecer el área de desarrollo tecnológico.

¿Revivirán el contrato del software?

En la Cámara de Comercio hay malestar e inquietud, igualmente, porque se contempla la posibilidad de revivir el polémico contrato del software para integrar los procesos de gestión de documentos que fue suscrito años atrás por cerca de $1.000 millones y que nunca se ejecutó.

Por este asunto, en la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía avanzan diferentes investigaciones, a fin de determinar si pudo haber irregularidades con el manejo de los dineros destinados para tal fin.

Aunque en la presidencia de Héctor Santaella este negocio jurídico se dio por terminado de manera unilateral y se comenzaron a adelantar las acciones judiciales para el resarcimiento de los perjuicios causados a la entidad, se conoció que los proveedores de dicho programa reaparecieron, al parecer, ahora sí con lo que se estaba exigiendo.

En ese sentido, Peña habría considerado la opción de recibirlo, como una forma de recuperar los dineros invertidos.

Al ser consultado, el presidente ejecutivo confirmó que se creó un comité técnico y jurídico para evaluarlo, pero que el software no será instalado aún, sino que se hará una prueba para corroborar que en efecto responde a las exigencias de la Cámara y que se pueda recibir a conformidad, pues nunca hubo acta de liquidación del contrato.

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